En particular, sobre la Ruta Nacional 33, el fallo menciona la presencia de "importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos", que implican "un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios y usuarias".
El juez concluyó que las distintas reparticiones encargadas de los corredores viales "han incumplido con los deberes mínimos de mantenimiento y conservación", situación que, según señaló, genera un peligro para quienes circulan por ellos.
Una ruta que necesita "de manera urgente intervención"
Uno de los elementos que tuvo en cuenta el magistrado: la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido el estado crítico de la Ruta 33.
Según surge del fallo, una nota elaborada por autoridades del Distrito Santa Fe de Vialidad sostuvo que "el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención". Ese diagnóstico dio lugar a una licitación que terminó adjudicada a la empresa Rovial S.A. Sin embargo, las obras no pudieron completarse.
La empresa realizó trabajos de bacheo en una parte de la ruta, pero luego las tareas quedaron paralizadas debido a que no fueron autorizadas las partidas presupuestarias necesarias para continuar.
El juez también señaló que Vialidad realizó trabajos mínimos de bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy, pero consideró que esas intervenciones resultaron insuficientes frente a la magnitud del deterioro.
De hecho, el expediente contiene fotografías aportadas por la propia DNV que permitieron observar el estado de la calzada.
El fallo remarca que las tareas realizadas "no resultan suficientes para atender la gravedad del estado en el que se encuentra la Ruta Nacional N°33".
Incumplimientos en las rutas 7 y 8
La sentencia cuestionó además el mantenimiento de las rutas nacionales 7 y 8, concesionadas a Corredores Viales S.A.
Respecto de la Ruta 7, el juez sostuvo que se realizaron algunas tareas de bacheo, pero que "no se encuentra acreditado de forma plena que se hayan realizado obras y/o tareas de mantenimiento sostenidas en el tiempo sobre la totalidad del tramo" que atraviesa General López.
En cuanto a la Ruta 8, el fallo señala que la propia DNV había labrado 55 actas de constatación por incumplimientos contractuales de Corredores Viales, además de realizar reiteradas comunicaciones para intentar corregir las deficiencias detectadas.
El juez remarcó que la empresa solo había acreditado tareas sobre los kilómetros 359 a 362, lo que, según concluyó, no alcanzaba para cubrir las necesidades del corredor en materia de seguridad vial y mantenimiento de la calzada.
Por eso, rechazó el argumento de Corredores Viales de que sus obligaciones no incluían la repavimentación.
El magistrado aclaró que la empresa sí tenía obligaciones vinculadas con "la mejora, reparación y mantenimiento" de las rutas 7 y 8 y que, de acuerdo con las pruebas del expediente, había incumplido esas obligaciones.
El Estado no puede desligarse por el cambio de concesionarias
El juez remarcó que el Estado Nacional no puede desentenderse de la reparación argumentando que determinadas rutas están concesionadas o que las empresas responsables están cambiando.
El fallo fue dictado en un momento en que avanzaban nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. La Justicia consideró que esa situación no podía convertirse en un obstáculo para garantizar la seguridad de los usuarios.
En ese sentido, el juez sostuvo que la distribución interna de competencias no puede impedir la protección efectiva de los derechos comprometidos. Por eso estableció que la reparación deberá ser cumplida por el Estado Nacional, directamente a través de Vialidad o del organismo que en el futuro tenga esas competencias, o mediante las empresas concesionarias correspondientes.
La eventual intervención de las concesionarias no modifica la responsabilidad estatal de garantizar que la orden judicial se cumpla La eventual intervención de las concesionarias no modifica la responsabilidad estatal de garantizar que la orden judicial se cumpla
Rutas clave
La importancia de la decisión está vinculada también con el papel que cumplen estos corredores en el sur santafesino. La Ruta Nacional 33 conecta Bahía Blanca con Rosario; la Ruta Nacional 8 une el Gran Buenos Aires con Villa Mercedes, en San Luis; mientras que la Ruta Nacional 7 conecta Buenos Aires con la zona cordillerana.
Los tres corredores tienen una fuerte incidencia sobre la actividad productiva y el transporte de la región. En el planteo presentado ante la Justicia se destacó que son utilizados para trasladar productos agrícolas, ganaderos e industriales hacia los puertos de exportación del Gran Rosario y Buenos Aires.
La sentencia también considera que el caso involucra un interés de incidencia colectiva, ya que las rutas nacionales son bienes colectivos y las condiciones en las que se encuentran afectan al conjunto de los usuarios.
La reacción de Di Gregorio
La senadora Leticia Di Gregorio.
Tras conocerse la resolución, la senadora Leticia Di Gregorio destacó que la Justicia reconoció la gravedad del estado de las rutas y planteó que la solución debe ir más allá de las reparaciones puntuales.
"Este fallo representa un paso muy importante porque la Justicia Federal reconoce la gravedad de la situación y la necesidad de una solución definitiva. Ya no estamos hablando solamente de tapar pozos, sino de obras estructurales que garanticen rutas seguras para quienes las utilizan todos los días", señaló.
Por otra parte, Di Gregorio también reclamó el cumplimiento de la resolución judicial por parte de Vialidad Nacional.
"Esperamos que cumpla con lo que establece la Justicia. Durante demasiado tiempo vimos promesas que nunca se concretaron, mientras las rutas siguieron deteriorándose. Los vecinos del departamento General López merecen respuestas y obras que les devuelvan la tranquilidad al momento de viajar", finalizó.
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