La CGT pidió la inconstitucionalidad del decreto 340 invocando que viola el principio republicano de división de poderes y el derecho y principio de libertad sindical. En esa línea, solicitó la cautelar para que cese la aplicación de los artículos del DNU hasta que haya un fallo sobre la cuestión de fondo.
La central gremial sostuvo que “fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional”.
El planteo de la CGT es que el nuevo DNU tiene como objeto “cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadores y trabajadoras”. Y a su vez busca debilitar a los sindicatos, ya que los paros y demás medidas de fuerza gremiales son acciones propias de la política laboral.
“La limitación (del derecho a huelga) debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales”, dice el texto presentado ante Fullana.
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