Entre los espacios que podrían complicar la estrategia oficialista aparecen Argentina Federal, vinculado a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y Salta, Gustavo Sáenz, además del bloque Independencia, cuya principal referencia es el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo.
La discusión sobre los fondos para las provincias será uno de los puntos más sensibles. Un informe de la Fundación Encuentro, citado por Ámbito, indicó que las transferencias automáticas a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires acumularon una caída real del 1,2% respecto del mismo período de 2025.
El Gobierno también reactivó los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En septiembre habilitó $12.000 millones para tres distritos: Jujuy y La Pampa recibieron $3.500 millones cada uno, mientras que Misiones obtuvo $5.000 millones.
Las proyecciones económicas, bajo cuestionamiento
El Ejecutivo ya había presentado en julio un adelanto del Presupuesto 2027. En ese documento, el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó una desaceleración significativa de la inflación, recuperación del salario real, crecimiento de la inversión y del consumo privado, y una evolución favorable del empleo. También estimó que la pobreza y la indigencia continuarían descendiendo.
Sin embargo, el exdiputado Alejandro Rodríguez cuestionó la credibilidad de las proyecciones oficiales y sostuvo que el Gobierno no considera al presupuesto un instrumento central de la política económica. Su crítica se apoya en los desvíos entre las estimaciones del Presupuesto 2026 y los datos conocidos durante este año.
Según el material, el Presupuesto 2026 había previsto un crecimiento del 5% del PBI, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, publicado el 4 de septiembre, estimó un crecimiento anual del 2,1%. En materia de inflación, el presupuesto había proyectado un 10,1% anual, pero la inflación acumulada entre enero y agosto llegó al 21,3%, con una variación interanual de agosto del 33,5%.
Estos datos fueron utilizados por Rodríguez para cuestionar la capacidad del Ejecutivo de cumplir sus propias previsiones. No obstante, se trata de una evaluación crítica y no de una conclusión compartida por todas las fuentes.
La ejecución del gasto suma otro frente de debate
El análisis de Ámbito también puso el foco en la ejecución presupuestaria. Según los datos citados de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP), al 31 de agosto la Administración Pública Nacional había ejecutado el 67,4% del Presupuesto 2026, 12,3 puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior.
La entidad advirtió que ese ritmo podría exigir una ampliación de los créditos presupuestarios antes de fin de año, ya sea mediante una nueva ley o un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). ASAP también señaló que la insuficiencia de fondos había sido advertida con anterioridad, por lo que una eventual ampliación por decreto podría generar cuestionamientos institucionales.
El debate incluye además el resultado fiscal. El material señala que la meta indicativa acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de 1,4% del PBI, equivalente a unos $16,2 billones, y que hasta julio el Gobierno había acumulado $10 billones. Los analistas citados consideran que el cumplimiento de esa meta podría resultar difícil si la recaudación continúa debilitándose.
Un presupuesto atravesado por la campaña electoral
El proyecto llegará al Congreso en un escenario en el que el oficialismo busca consolidar sus alianzas parlamentarias y, al mismo tiempo, avanzar en acuerdos electorales con gobernadores y dirigentes provinciales. La campaña de cara a 2027 agrega una dimensión política a la discusión sobre los recursos, las obras y las prioridades del Estado.
La Casa Rosada deberá negociar, por lo tanto, en dos frentes: la aprobación de la ley de gastos y recursos y la construcción de acuerdos políticos para el año electoral. El equilibrio fiscal aparece como uno de los límites que el Gobierno no parece dispuesto a flexibilizar, mientras que las provincias reclaman mayor previsibilidad sobre los fondos que recibirán.
El envío del Presupuesto 2027 abrirá así una nueva etapa de negociaciones entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobernadores. El resultado dependerá de la capacidad del oficialismo para sostener sus lineamientos económicos y conseguir los votos necesarios en un Parlamento donde los aliados comenzaron a marcar diferencias.
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