Sin mencionar el caso concreto, aludió al viaje en avión privado a Punta del Este. También se comprobó una visita a Aruba.
Adorni sostuvo que las acusaciones sobre "costeos de terceros son tendenciosas y falsas" tendientes a demostrar "una hipótesis falsa". Insistió además en el carácter privado de esos viajes.
Así quiso desmentir que el vieja a Uruguay haya sido pagada por el periodista Marcelo Grandio, amigo personal del funcionario.
No obstante, en tribunales no hay constancia de que Adorni haya pagado esos viajes, sino que los testimonios y la documentación recabados indican que Grandio y su empresa Imhouse abonaron el servicio.
Así lo dijeron el broker que le vendió el vuelo de ida y vuelta a la ciudad uruguaya, y su secretaria ante el fiscal Gerardo Pollicita. Además, se conoció una factura a nombre del periodista y otra a nombre de la productora.
En esa línea, Adorni desestimó que haya incurrido en "conflictos de intereses" al calificar como "falso" que haya "coordinado" la aprobación de contratos en favor de Grandio, quien tuvo espacios en la TV Pública.
"No existe contrato alguno entre la TV Pública y Grandio", enfatizó y sostuvo que no participó "en expedientes que involucren a ImHouse", la empresa del periodistas.
Sin embargo, hay 6 contratos de los medios públicos con Grandio.
En otro orden, el ministro coordinador aseguró que "nunca existió ocultación" de sus propiedades en sus declaraciones juradas.
En realidad, Adorni incluyó un año más tarde de lo que correspondía la casa del barrio Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, que está a nombre de su esposa, y que debe constar en un anexo reservado, hoy en poder de la justicia.
Respecto de otras propiedades, se escudó en que aún no vence el plazo para presentar la declaración patrimonial de este año.
Adorni también afirmó que "no existen ni existieron contratos" entre el Estado y su cónyuge, "ni directa ni indirectamente”, y agregó que “no existe ni existió incumplimiento alguno al régimen de incompatibilidades y conflictos de interés previstos en la Ley de Ética Pública”.
Esto último tiene que ver con la causa que investiga presuntos vínculos comerciales de Betina Angeletti con contratistas del Estado.
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