Ese registro tendría acceso público y reuniría información sobre cada funcionario designado, el organismo que lo nombró, la empresa donde cumple funciones, el régimen salarial que percibe, sus declaraciones juradas patrimoniales, posibles incompatibilidades y las intervenciones de los organismos de control. El objetivo es que toda esa información pueda consultarse de manera libre y permanente.
La Oficina Anticorrupción también sería la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la ley, auditar periódicamente las designaciones y promover denuncias cuando detecte posibles irregularidades.
El antecedente que motivó el proyecto
En los fundamentos, Paulón explica que la iniciativa surgió luego de la difusión de las millonarias remuneraciones que percibían representantes del Estado en YPF, un episodio que, según sostiene, dejó al descubierto la falta de reglas claras y de controles uniformes sobre estas designaciones.
El legislador afirma que, tras realizar pedidos de acceso a la información pública, detectó que el propio Estado no cuenta con un registro consolidado que permita conocer cuántos representantes tiene en empresas, bajo qué régimen fueron designados, cuánto cobran o qué organismos controlan esas funciones. Esa dispersión normativa, argumenta, dificulta el control ciudadano y favorece la existencia de privilegios incompatibles con los principios de transparencia y austeridad.
Reintegro del dinero y posibles sanciones
El proyecto también establece que cualquier remuneración percibida en violación de la futura ley será considerada nula y deberá ser reintegrada íntegramente al Tesoro Nacional. Además, prevé que la autoridad de aplicación impulse las acciones administrativas y judiciales correspondientes cuando existan incumplimientos, sin descartar eventuales responsabilidades civiles o penales.
De aprobarse, la iniciativa unificaría por primera vez el régimen aplicable a todos los representantes del Estado en empresas con participación pública, con el objetivo de establecer reglas comunes sobre remuneraciones, incompatibilidades, publicidad de la información y mecanismos de control.
El proyecto que impulsa la oposición:
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