El 30 de septiembre, el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto que discutía la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional terminó abruptamente después de una sucesión de gritos, insultos y forcejeos entre diputados.
Juan Grabois, de Unión por la Patria, protagonizó varios de los cruces con legisladores de La Libertad Avanza. Primero se levantó de su lugar y encaró al libertario Jairo Guzmán en medio de la exposición de Myriam Bregman. Hubo manotazos y otros diputados tuvieron que intervenir para separarlos. También se produjo un fuerte intercambio con Gerardo Huesen, que incluyó insultos de ambos lados.
Pero el escándalo todavía tenía otro capítulo. Cuando llegó su turno de hablar, Grabois mantuvo un cruce con Juliana Santillán y la llamó “tontita”. Ante la intervención de Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa, se negó a disculparse. Después, cuando le cortaron el micrófono, lo insultó y la reunión terminó levantándose.
No es casualidad que el nuevo proyecto aparezca inmediatamente después.
Los propios fundamentos de la iniciativa de Llano mencionan expresamente los hechos ocurridos aquel 30 de septiembre y sostienen que dejaron nuevamente expuesta la falta de una herramienta intermedia para sancionar este tipo de comportamientos.
El diagnóstico es sencillo: actualmente el Congreso puede pasar de un llamado al orden, que en la práctica tiene escasas consecuencias, a una herramienta extrema como la exclusión del legislador. Entre ambos extremos, argumenta el proyecto, falta una sanción rápida y concreta.
No basta una disculpa: la sanción debe ser mayor
Hay otro punto que endurece la propuesta.
El legislador no podría evitar la sanción simplemente retirando sus palabras o pidiendo disculpas después del escándalo. El texto establece expresamente que una explicación posterior no eximirá del castigo.
Tampoco se limita al recinto. La regla alcanzaría a las reuniones de comisión, plenarios, encuentros informativos, reuniones remotas y cualquier otro ámbito de la Cámara donde el diputado se encuentre ejerciendo sus funciones.
La intención, según Llano, es diferenciar claramente una discusión política fuerte de un agravio personal.
“La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, sostuvo la diputada al presentar la iniciativa.
Por eso, el proyecto deja expresamente afuera de las sanciones a las opiniones, críticas y juicios de valor, incluso cuando sean severos, siempre que estén dirigidos a la actuación pública, las ideas o las posiciones políticas. Es decir: discutir fuerte seguirá estando permitido; insultar personalmente podría costar un mes de sueldo.
¿Quién decide si un diputado se queda sin cobrar?
La quita de la dieta tampoco sería automática por decisión del presidente de la Cámara.
Cuando ocurra un episodio, deberán incorporarse como prueba la versión taquigráfica y el registro audiovisual. Luego, la Cámara deberá pronunciarse mediante una votación nominal y sin debate para determinar si efectivamente existió la conducta y si encuadra dentro de la nueva norma.
Antes de la votación, el diputado acusado dispondrá de hasta cinco minutos para defenderse.
Para aplicar la sanción serán necesarios los dos tercios de los votos que exige el artículo 66 de la Constitución Nacional. Si se alcanza esa mayoría, el descuento se realizará sobre la liquidación siguiente y el dinero que el legislador deje de percibir no podrá ser recuperado ni compensado posteriormente.
Además, el castigo quedaría registrado públicamente en el Diario de Sesiones y en el sitio oficial de la Cámara.
“Ningún trabajador conserva su salario si insulta”
Entre los fundamentos aparece uno de los argumentos más filosos de la iniciativa.
“Ningún trabajador argentino conserva su salario si insulta a sus compañeros o a quienes visitan su lugar de trabajo”, sostiene el texto, para luego plantear que no existe razón para que los diputados tengan un privilegio diferente al resto de los ciudadanos.
Llano también sostuvo que la sociedad está cansada de observar cómo determinados dirigentes convierten al Congreso “en un escenario de agresiones y descalificaciones” y vinculó el endurecimiento de las sanciones con la necesidad de recuperar credibilidad institucional.
La idea de tocar la dieta, además, no carece de antecedentes. Los fundamentos recuerdan que Diputados ya aplicó suspensiones sin goce de sueldo por desorden de conducta: ocurrió con el diputado Cambareri en 1988 y con Varela Cid en 1995. El propio Reglamento también contempla descuentos por ausencias o por retirarse del recinto sin autorización.
La propuesta incluso invita al Senado a adaptar su propio reglamento para incorporar un régimen similar.
El proyecto deberá ahora conseguir respaldo político para avanzar. Pero llega en un momento difícilmente más oportuno para instalar la discusión.
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