Una empresa creada meses antes de conseguir el contrato
En el centro de la causa aparece HTECH Innovation.
La compañía fue constituida en abril de 2024. Meses después comenzó a trabajar para OSPRERA, que había quedado bajo intervención en medio de una larga disputa entre el Gobierno y la conducción de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Según documentación incorporada al expediente, HTECH terminó cobrando $266.675.288,43 de la obra social. La primera factura fue emitida el 6 de noviembre de 2024 y los pagos se extendieron hasta julio de 2025.
La contratación original ocurrió durante la gestión de Virginia Montero. Posteriormente asumió Marcelo Petroni.
El Gobierno había formalizado el reemplazo de Montero por Petroni a fines de noviembre de 2024, después de que la primera presentara su renuncia.
Durante la investigación también quedó bajo análisis una reunión realizada el 5 de julio de 2024 en la Casa Rosada, antes de la intervención definitiva de OSPRERA. Los registros oficiales acreditaron que Montero y Aguirre participaron de aquel encuentro con Eduardo “Lule” Menem.
Cuando declaró ante la Justicia, Montero sostuvo que había concurrido por indicación de autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud y aseguró que se trató de una instancia institucional vinculada con la futura intervención de la obra social.
Qué dijeron los acusados
Los involucrados rechazaron las sospechas planteadas en el expediente.
Montero justificó la necesidad de recurrir a servicios informáticos externos por la situación que, según describió ante Casanello, atravesaba OSPRERA cuando asumió. Habló de un “colapso informático y organizativo” y aseguró que el expediente de contratación había atravesado las distintas áreas administrativas de la entidad.
Aguirre también defendió los pagos recibidos por HTECH y negó haber intervenido en el procedimiento mediante el cual su propia compañía terminó seleccionada para trabajar con la obra social.
Uno de los puntos observados por los investigadores fue justamente que Aguirre había trabajado como asesor de Montero mientras la empresa vinculada a él terminó contratada para brindar los servicios informáticos.
Petroni, por su parte, declaró que cuando llegó a la intervención el vínculo con HTECH ya había sido decidido e instrumentado durante la administración anterior. Posteriormente suspendió el contrato y ordenó auditorías sobre la prestación.
El vínculo comercial con Martín Menem
El nombre del presidente de Diputados aparece alrededor del caso por su relación empresarial previa con Aguirre.
Ambos fueron socios en TR Nutrition SRL, dedicada a la fabricación y comercialización de suplementos nutricionales. Registros comerciales ubican el inicio de esa sociedad en 2018.
La relación empresarial es distinta de la sociedad investigada en OSPRERA: la compañía que recibió los pagos de la obra social fue HTECH Innovation.
Por eso, judicialmente hay que separar ambos planos: el vínculo entre Aguirre y Menem constituye un dato político y comercial relevante alrededor del expediente, pero el procesamiento dictado en la causa OSPRERA no convierte automáticamente al presidente de Diputados en imputado por esas contrataciones.
La Cámara Federal había anulado parte de la investigación
El expediente atravesó un fuerte revés pocas semanas antes de los procesamientos.
El 10 de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló medidas vinculadas con allanamientos realizados durante la investigación. Entre ellas quedó alcanzado el procedimiento en el domicilio de Montero y la utilización del material obtenido de su teléfono celular.
Los camaristas Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi consideraron que se habían afectado garantías de las defensas durante determinadas medidas de prueba. En otra resolución también dejaron sin efecto las cautelares patrimoniales que habían sido dispuestas previamente.
La decisión, sin embargo, no significó el cierre de la causa.
La investigación general continuó en manos de Casanello y con la intervención del fiscal federal Guillermo Marijuán, aunque sin poder utilizar aquellos elementos alcanzados por la nulidad.
Ahora, con los nuevos procesamientos, el expediente vuelve a avanzar sobre el núcleo de la contratación que originó la investigación: cómo una compañía constituida en 2024 terminó facturando más de $266 millones a una de las principales obras sociales sindicales del país durante el período en que se encontraba intervenida.
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