"No a la coparticipación y más potestades tributarias a las provincias"
Un informe del Instituto de Desarrollo Argentino (IDESA), comprobó que, según los expertos, hay que "eliminar la coparticipación". Para el instituto ese mecanismo está "agotado" y lo idea es que se le devuelvan "potestades tributarias a las provincias". El informe completo a continuación:
07 de diciembre de 2020 - 09:24
El conflicto entre la Nación y CABA dejó al desnudo que la coparticipación está agotada. O al menos así lo consideran desde el Instituto de Desarrollo Argentino (IDESA), quienes explican en su último informe que esta instancia ya es obsoleta que no deja que las provincias tengan su potestad tributaria.
Aunque desde Idesa han insistido en varios informes que este sistema debe erradicarse de la Argentina, no fue el conflicto entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta el que demostró, según el instituto, las falencias que tiene esta ley.
Por decreto nacional se subió la coparticipación a CABA de 1,4% a 3,75%. Con la firma del Consenso Fiscal 2017 esta participación se redujo a 3,5% a los fines de adecuar el porcentaje a los cambios impositivos dispuestos en ese acuerdo.
El actual gobierno aduce que este porcentaje de coparticipación excede al gasto de la policía transferida. Por ello, en setiembre de 2020 reduce por decreto el porcentaje a 2,32% y con el remanente financia el denominado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, el gobierno nacional promueve la sanción de una ley por la cual la coparticipación de CABA vuelve a ser de 1,4% y el Tesoro nacional le transferirá $24,5 mil millones anuales actualizables para sostener a la policía transferida.
En ese sentido, Idesa explica que un dato clave es que nunca se presentó un estudio oficial sobre el costo de los servicios transferidos.
Y en esa línea, detallaron: "apelando a información histórica de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Hacienda se puede trazar el siguiente panorama para el 2020":
Los $24,5 mil millones que plantea el gobierno nacional equivaldrían a precios actuales a lo que le costaba a la Nación el personal transferido.
Incluyendo otros costos, además de personal, según la ejecución presupuestaria los servicios transferidos costarían a CABA en la actualidad unos $38,2 mil millones.
El incremento de coparticipación otorgado a CABA ascendería aproximadamente a $57,2 mil millones.
Fuente: IDESA.
"Estos datos señalan que la porción de coparticipación otorgada en su momento por la Nación a CABA excedería a lo que insume la transferencia de la Policía Federal. A su vez, también muestran que el monto fijado en la ley impulsada por el gobierno nacional no alcanzaría para cubrir estos costos", describieron desde Idesa.
Y añadieron: "Si el tema se hubiese manejado con más transparencia y seriedad, desde un principio, es probable que el conflicto se hubiera evitado. Pero el oscurantismo y el desprecio por la institucionalidad degradan la gestión pública".
Para los expertos, parte de los "desfasajes" se produjeron porque se manejó con ambigüedad y poca transparencia el aumento en la coparticipación de CABA.
"Al fijarse como un porcentaje de la coparticipación, y no como un monto fijo actualizable, no había garantías de que los ingresos adicionales que recibe CABA sean similares a los costos de los servicios transferidos. Lo que ocurrió en la práctica es que la masa coparticipable aumentó a partir de marzo del 2016 por un hecho extraordinario: la devolución del 15% que se destinaba a la ANSES", explica el informe.
Además, alegaron que esta situación hizo que los recursos recibidos por CABA crecieran por encima de lo que cuesta la policía. "Hoy, con la ley que impulsa el gobierno, los recursos transferidos a CABA no van a compensar las erogaciones que generan los servicios transferidos", añaden en su informe.
Asimismo, para Idesa "el aspecto más insólito de este entuerto es que el Estado nacional termina financiando los servicios de seguridad de la jurisdicción más rica de la Argentina y posiblemente del Cono Sur".
Y en esa línea, alegan: "Se trata de otra evidencia de que no tiene sentido seguir insistiendo en la necesidad de acordar una nueva ley de coparticipación. Un mecanismo que centraliza el 80% de la recaudación impositiva en el nivel nacional para luego distribuirla entre las jurisdicciones, fatalmente genera tratamientos injustos, distorsivos, ineficientes y conflictivos".
"Reglas de distribución oscuras y discrecionales son inevitables mientras se mantenga esta desproporcionada centralización de recursos a nivel nacional", sentenciaron.
Finalmente, desde Idesa consideran que en "lugar de persistir con esta decadencia sería mejor abordar una descentralización de potestades tributarias hacia las provincias y los municipios".
Y además, opinaron que cada jurisdicción debe financiarse con sus propios impuestos y rendir cuentas a la sociedad por los servicios que otorgue a cambio de dichos impuestos.
"Dada las fuertes disparidades regionales, sería pertinente un fondo de convergencia en el que las provincias más ricas financien, con plazo definido, el desarrollo de las zonas más atrasadas del norte del país", recomendaron.
