También establece que documentos como órdenes del día, dictámenes de comisión y boletines legislativos sean publicados en internet dentro de las 24 horas de haber sido producidos, con acceso libre para cualquier ciudadano.
El argumento libertario: "actualizar normas del siglo pasado"
Los autores del proyecto sostienen que el reglamento vigente conserva referencias a procedimientos diseñados para una realidad tecnológica que ya no existe.
En los fundamentos señalan que algunas disposiciones fueron pensadas cuando los documentos debían ser mecanografiados, impresos y distribuidos físicamente, un contexto muy distinto al actual, donde la información puede publicarse de manera inmediata a través de plataformas digitales.
Según explican, la propia Cámara ya utiliza herramientas digitales para buena parte de estas tareas, por lo que consideran que existe una contradicción entre lo que establece formalmente el reglamento y lo que ocurre en la práctica cotidiana.
Motosierra en Diputados: Menos papel y más acceso público y menos gasto
Otro de los aspectos destacados de la iniciativa es que busca convertir a internet en el principal canal de consulta para legisladores, periodistas y ciudadanos.
Por ejemplo, el proyecto propone que los diputados accedan al reglamento actualizado de manera permanente mediante la página oficial de la Cámara, evitando la necesidad de imprimir ejemplares que pueden quedar desactualizados cada vez que se modifica una norma interna.
La impresión de documentos no desaparecería por completo. El texto contempla que las autoridades puedan seguir utilizando versiones físicas cuando existan razones de accesibilidad institucional o necesidades vinculadas a la preservación documental.
La lógica detrás de la reforma
Los legisladores libertarios sostienen que la iniciativa no altera facultades parlamentarias ni modifica el funcionamiento político de la Cámara, sino que simplemente adapta el reglamento a prácticas que ya son habituales.
En esa línea, remarcan que el objetivo es modernizar procedimientos, agilizar el acceso a la información pública y evitar gastos que consideran innecesarios en una era donde gran parte de la actividad administrativa se realiza de forma digital.
La propuesta se enmarca en la política de reducción de costos y simplificación administrativa que impulsa el oficialismo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Aunque se trata de una reforma reglamentaria y no de una ley que impacte directamente en el gasto público nacional, sus impulsores aseguran que representa un paso más en la búsqueda de un Estado más austero, eficiente y adaptado a las herramientas tecnológicas actuales.
El proyecto completo a continuación:
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