La lógica que plantean los autores es sencilla: si el propio sistema considera que un delito merece la pena máxima disponible, el transcurso de los años no debería convertirse en un impedimento definitivo para investigarlo y juzgarlo.
La modificación no termina ahí. Para los delitos castigados con prisión temporal se propone llevar de 12 a 15 años el límite máximo de prescripción de la acción penal. En los casos de inhabilitación temporal, el plazo mínimo previsto también pasaría de uno a tres años.
El proyecto incorpora además nuevos supuestos capaces de frenar o interrumpir el reloj de la prescripción. Entre ellos aparecen la declaración de rebeldía de un acusado y los pedidos de extradición cuando una persona es buscada fuera del país.
Endurecimiento del Código Penal: Penas más altas para los delitos sexuales
El segundo capítulo fuerte de la reforma se concentra en los delitos contra la integridad sexual.
La propuesta eleva considerablemente los máximos de las condenas que pueden imponer los jueces según la gravedad del hecho. Para el abuso sexual simple, el máximo llegaría a seis años de prisión.
En los casos de sometimiento gravemente ultrajante, la pena podría alcanzar los 12 años.
Cuando exista acceso carnal, la escala llegaría hasta los 20 años de cárcel, mientras que determinadas figuras agravadas podrían alcanzar condenas de hasta 22 años. También se contemplan aumentos para abusos cometidos en contextos de autoridad, parentesco o relaciones de poder.
La iniciativa aborda además los abusos contra adolescentes de entre 13 y 16 años cuando existe una relación desigual de poder, autoridad o madurez. Para esos casos se plantea llevar la escala penal a entre seis y diez años.
El argumento del proyecto es que las consecuencias de los delitos sexuales pueden extenderse durante años y que las escalas actuales deben ser revisadas para permitir que la Justicia determine penas acordes con la gravedad concreta de cada hecho.
El primer paso de un paquete más amplio
La iniciativa de Gallardo no sería un proyecto aislado.
En la Casa Rosada preparan una agenda penal más extensa que buscará instalarse progresivamente en el Congreso.
Entre las próximas discusiones aparecen reformas vinculadas con entraderas y salideras bancarias, delitos asociados al narcotráfico, hechos cometidos por motochorros y modificaciones relacionadas con el ingreso irregular de extranjeros al país. Por ahora, sin embargo, el resto de los textos todavía no tiene un cronograma parlamentario definido.
La decisión del oficialismo es avanzar por partes y evitar concentrar todas las modificaciones en una única megareforma. Cada proyecto deberá atravesar su propio debate en comisión y reunir posteriormente los votos necesarios para llegar al recinto.
La discusión se mete además en un Congreso que tendrá una agenda cargada hasta diciembre, con debates sobre endeudamiento y morosidad familiar, discapacidad, Malvinas, el DNU 70/23, reforma política y el Presupuesto 2027.
En ese escenario, el Gobierno suma ahora la agenda penal a sus prioridades legislativas. El primer movimiento ya está hecho: penas más altas para delitos sexuales y una regla contundente para los delitos castigados con prisión perpetua: que el paso del tiempo no alcance para cerrar definitivamente la posibilidad de investigarlos y juzgarlos.
El proyecto completo a continuación:
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