La encargada de plantearlo fue la diputada nacional de Unión por la Patria Agustina Propato, quien presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique qué está ocurriendo con inmuebles vinculados al Sistema de Defensa Nacional en Ushuaia, Mar del Plata y Punta Indio.
El caso más concreto está, justamente, en Tierra del Fuego.
La oposición denuncia vaciamiento en Defensa
Mediante el Decreto 764/2026, publicado el 21 de agosto en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer y enajenar diferentes propiedades estatales. Entre ellas aparece un terreno asignado a la Armada Argentina en Ushuaia de 382.594,79 metros cuadrados, es decir, más de 38 hectáreas.
El dato cobra otra dimensión después del discurso presidencial: se trata de la misma provincia que Milei presentó como pieza central de la nueva estrategia argentina sobre el Atlántico Sur.
Propato quiere saber por qué se decidió avanzar con la operación, si previamente fueron consultados el Ministerio de Defensa y la Armada, qué evaluación se realizó sobre el eventual valor estratégico del terreno y, además, qué destino tendrán los recursos que se obtengan de una eventual venta. Pero Ushuaia es apenas una parte de la discusión.
La diputada también reclama explicaciones sobre el futuro de la Base Naval Mar del Plata, donde funcionan estructuras sensibles de la Armada como el Comando de la Fuerza de Submarinos, la Escuela de Submarinos, el Área Naval Atlántica, la División de Patrullado Marítimo y la Agrupación de Buzos Tácticos.
En este punto, sin embargo, no existe hasta el momento una venta equivalente a la autorizada oficialmente en Ushuaia. Lo que busca la oposición es que el Gobierno confirme o descarte si existen planes de desafectación, traslado de unidades o aprovechamiento inmobiliario de parte de esas tierras.
Punta Indio y el Plan Dédalo
El tercer foco está puesto en la histórica Base Aeronaval Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires.
Allí el escenario también es diferente al de Ushuaia. La Armada puso oficialmente en marcha el denominado Plan Dédalo, un programa de reorganización integral de la Aviación Naval previsto para los próximos cinco años.
El proyecto contempla una modificación del despliegue territorial y el traslado de capacidades hacia la Base Aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca. Entre otros movimientos, está previsto que la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y la Escuela de Aviación Naval cambien su asiento a partir de 2027.
Desde la Armada presentan la decisión como una modernización destinada a concentrar recursos, incorporar tecnología y actualizar el esquema operativo. La oposición, en cambio, teme que la reducción de la actividad en Punta Indio termine siendo el paso previo a una desafectación de terrenos y un eventual negocio inmobiliario.
Por eso, Propato busca que el Ejecutivo informe qué ocurrirá finalmente con esas tierras.
“Están desarticulando y vendiendo deliberadamente” patrimonio del Sistema de Defensa Nacional, denunció la legisladora, que calificó de “inadmisible” lo que considera un proceso de despatrimonialización militar.
La soberanía, en el centro de la pelea
La discusión adquiere un peso político mayor después del mensaje presidencial sobre Malvinas.
Milei sostuvo en cadena nacional que la explotación unilateral de recursos en las islas representa un desafío concreto para los intereses argentinos y planteó la necesidad de incrementar la presencia del país en una zona cada vez más relevante desde el punto de vista energético, marítimo y geopolítico.
La oposición toma ahora ese mismo argumento para cuestionar la política oficial sobre los bienes de las Fuerzas Armadas.
Propato sostiene que, en un escenario internacional atravesado por disputas sobre vías navegables, infraestructura crítica, recursos naturales, proyección antártica y control del Atlántico Sur, Argentina no debería desprenderse de instalaciones ubicadas en puntos que considera estratégicos.
Incluso vinculó la discusión directamente con Malvinas: para la diputada, debilitar infraestructura militar cercana al Atlántico Sur puede entrar en tensión con el mandato constitucional de sostener el reclamo de soberanía argentino.
El Gobierno, por su parte, presenta buena parte de las modificaciones en marcha bajo otra lógica: reorganizar activos, concentrar capacidades y obtener recursos para modernizar unas Fuerzas Armadas que arrastran décadas de problemas presupuestarios y de equipamiento.
De hecho, el propio Plan Dédalo es definido oficialmente por la Armada como un programa de modernización y no como un desmantelamiento. Ahí aparece el verdadero fondo de la disputa.
Mientras Milei intenta inaugurar una etapa de mayor firmeza frente al Reino Unido, promete acelerar una base naval en Tierra del Fuego y habla de recuperar capacidad estratégica en el Atlántico Sur, la oposición quiere obligarlo a explicar qué ocurrirá con parte del patrimonio militar que ya está siendo vendido o reorganizado en otros puntos del país.
La cadena nacional volvió a instalar a Malvinas como una cuestión de soberanía. Ahora, la pelea política se trasladó a tierra firme: qué bases necesita la Argentina, cuáles debe conservar y hasta dónde puede avanzar el Gobierno con la venta de activos militares sin afectar su propia estrategia de Defensa.
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