Infobae disparó: “Habrían existido instrucciones explícitas de Presidencia para favorecer al grupo empresario”, según el organismo.
Defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales serían los delitos que la UIF marcó.
"Las gerencias operativas habrían sido instruidas personalmente por González Fraga para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación”, sigue el escrito.
“Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de GLENCORE para remitir sus ganancias al extranjero. Las operaciones de defraudación al Estado aquí investigadas no serían más que delitos precedentes de maniobras de lavado de activos desplegadas mediante aquellas firmas en el exterior", señala el texto al que accedió Infobae.
El fiscal Gerardo Pollicita, a quien el juez Julián Ercolini delegó esta causa, recibió el escrito del organismo que resaltó esta maniobra como "gravedad institucional no solo por implicar una posible y cuantiosa defraudación al Banco de la Nación Argentina sino también por comprender millonarios movimientos de fondos hacia cuentas off-shore a través de complejas maniobras de lavado de activos”.
La UIF informó que “existió y/o existe una estrategia tendiente a concentrar las pérdidas en una firma del conjunto, a la que endeudaron irrazonablemente, para beneficiarse entonces con las ganancias de las otras firmas del grupo”.
En concreto, lo que Ercolini investiga es si Banco Nación autorizó de manera irregular a la cerealera a acumular una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas del banco.