Balbín resistió en el cargo de Procurador desde diciembre de 2018, cuando empezaron presiones para desplazarlo porque parte del Gabinete que cuestionaba que le haya pedido al Correo Argentino, de la familia Macri, que deje sin efecto un millonario juicio que la compañía inicio contra el Estado nacional. También había exigido la realización de audiencias públicas por el aumento de tarifas.
Además generó enojo en el Gabinete que Balbín haya puesto la lupa en la renegociación de los contratos para Ausol, empresa cuya accionista era Sociedades Macri (Socma).
En abril, finalmente Balbín dio el paso al costado: "No acepté ni voy a aceptar ningún cargo", dijo cuando le ofrecían alguna embajada.
Tras su salida renunciaron dos subprocuradores y el director del área de auditorías de la Procuración, Guillermo García. Los dos primeros eran personas de confianza del saliente procurador.
Balbín era el responsable de defender los intereses del Estado frente a las grandes empresas que le inician juicios económicos.