Ferraro desmintió “categóricamente” cualquier relación con la plataforma y calificó lo ocurrido como un hecho de “extrema gravedad”.
Maxi Ferraro irá a la Justicia
Para el diputado, el episodio no puede analizarse por fuera de su actividad legislativa.
Ferraro fue uno de los impulsores del proyecto destinado a prevenir la ludopatía y restringir fuertemente la publicidad de las apuestas online, una iniciativa que consiguió media sanción en Diputados en noviembre de 2024 pero que posteriormente quedó frenada en el Senado.
“Esta maniobra resulta inaceptable y de extrema gravedad, dado mi rol como impulsor del proyecto de ley para la prevención de la ludopatía y la restricción de la publicidad de apuestas”, sostuvo.
Además, consideró “alarmante” que su identidad haya sido utilizada para dirigir tráfico hacia una compañía vinculada al negocio del juego online y que opera mediante criptomonedas.
El presidente de la Coalición Cívica confirmó que ya puso el caso en manos de la Justicia. Las acciones iniciadas buscan recuperar el dominio registrado por terceros, terminar con el redireccionamiento y determinar quiénes fueron los responsables de la maniobra.
La discusión por las apuestas online que divide al Congreso
El episodio ocurre mientras el Congreso mantiene abierta una discusión mucho más amplia sobre cómo regular el crecimiento de las apuestas online y, particularmente, su llegada a los jóvenes.
La propuesta que impulsa Ferraro plantea un esquema considerablemente más restrictivo para la industria. Entre otras medidas, apunta directamente contra uno de los principales motores de expansión de las plataformas: la publicidad.
El proyecto que obtuvo media sanción en Diputados contempla prohibir la promoción de apuestas online en televisión, radio, redes sociales, cartelería y podcasts, además de avanzar sobre su presencia en eventos culturales y camisetas de fútbol.
También incluye restricciones para modalidades de publicidad indirecta y busca impedir que influencers, deportistas, celebridades y otras figuras públicas sean utilizadas para promocionar este tipo de plataformas.
La iniciativa, sin embargo, nunca logró completar su recorrido legislativo y continúa sin tratamiento en el Senado.
El Gobierno eligió otro camino
La discusión tomó un nuevo giro cuando el Gobierno nacional presentó su propio proyecto para abordar la problemática de la ludopatía.
La propuesta oficial pone mayor énfasis en combatir las plataformas clandestinas e impedir el acceso de menores de edad, pero evita avanzar con varias de las prohibiciones publicitarias que contempla el texto aprobado por Diputados.
Allí aparece una de las diferencias centrales entre ambos enfoques.
Mientras el proyecto impulsado por Ferraro busca reducir drásticamente la exposición pública de las apuestas, la iniciativa del Ejecutivo permite que los operadores legales continúen promocionándose, aunque establece límites sobre el contenido y los destinatarios de esos anuncios.
Por ejemplo, las empresas autorizadas no podrían dirigir sus campañas hacia menores ni presentar al juego como un camino hacia el éxito económico o social. Tampoco podrían vincularlo con el consumo de alcohol o determinadas conductas delictivas. Las prohibiciones más fuertes quedarían reservadas para las plataformas ilegales o no autorizadas.
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