La escala comienza en 850 dólares anuales por MW para los equipos de hasta 3,8 MW y desciende progresivamente hasta llegar a 700 dólares por MW en los aerogeneradores de 9 MW o más. Es decir, cuanto mayor sea la potencia individual del molino, menor será el valor aplicado por megavatio.
La discusión no es menor para Olavarría. El distrito se convirtió en un punto importante para las inversiones vinculadas con la generación eólica y allí operan proyectos asociados a grandes compañías.
Entre ellos aparecen el Parque Eólico Cementos Avellaneda, vinculado a YPF Luz; Vientos de Olavarría y La Rinconada, relacionados con compañías del Grupo Techint; y el Parque Eólico Olavarría, desarrollado por PCR y ArcelorMittal Acindar.
La oposición calcula que, una vez que este último complejo entre plenamente en funcionamiento, la recaudación anual derivada de la nueva tasa podría ubicarse cerca de los 400 mil dólares.
La ventana que aprovechó el intendente de La Cámpora
Detrás de la discusión aparece además una particularidad legislativa.
La Ley 27.191, sancionada originalmente para fomentar la utilización de fuentes renovables en la generación eléctrica, estableció restricciones para la creación de nuevos tributos sobre esta actividad.
Sin embargo, durante 2026 se produjo un período entre el vencimiento del régimen y su posterior prórroga en el Congreso. Fue precisamente dentro de ese escenario que el Ejecutivo municipal avanzó con el nuevo esquema tributario.
El proyecto comenzó a tomar forma meses antes de su aprobación definitiva. El 27 de agosto, el Concejo Deliberante ya había aprobado por mayoría la ordenanza preparatoria destinada a crear un marco tributario específico para la generación eólica.
Finalmente, el 10 de septiembre llegó la aprobación de la ordenanza 5901/26.
La oposición denunció cómo se aprobó
La batalla, sin embargo, no terminó dentro del Concejo Deliberante.
Los bloques opositores decidieron recurrir al Tribunal de Cuentas bonaerense al considerar que la ordenanza no reunió la mayoría necesaria para ser sancionada.
El oficialismo cuenta con diez de los veinte concejales. Ante el empate entre oficialistas y opositores, la presidencia del cuerpo utilizó su voto para destrabar la votación.
El cuestionamiento opositor gira precisamente alrededor de ese mecanismo. Sus representantes sostienen que, al tratarse de una ordenanza impositiva, debía alcanzarse una mayoría absoluta y que el voto doble de quien preside el Concejo no podría utilizarse para completar ese requisito.
También objetaron el trámite previo. Según plantearon, durante la Asamblea de Mayores Contribuyentes no existió un dictamen previo de la Comisión de Hacienda y se introdujeron modificaciones relevantes al proyecto poco antes de su tratamiento.
La disputa quedó así trasladada desde el recinto hacia los organismos de control.
El curioso respaldo de Techint
En medio de la controversia apareció un dato inesperado: empresas vinculadas al Grupo Techint respaldaron públicamente el régimen.
El propio Concejo Deliberante informó que Ternium manifestó su acompañamiento a la iniciativa antes de la sesión. La empresa consideró que el esquema permitía compatibilizar los intereses municipales con la necesidad de garantizar inversiones productivas de largo plazo.
La explicación está en uno de los puntos centrales de la negociación.
La ordenanza concede a las compañías alcanzadas una garantía de previsibilidad tributaria durante 20 años. Durante ese período, el municipio no podrá incrementar la carga tributaria real por encima de las condiciones establecidas al momento de ingresar al régimen.
Además, para los parques que ya estaban funcionando se incorporó un mecanismo especial de regularización y la posibilidad de anticipar hasta tres períodos fiscales mediante distintas modalidades de pago.
La estabilidad durante dos décadas terminó convirtiéndose así en una pieza clave para conseguir el acompañamiento empresario.
Wesner defendió la medida
Desde el municipio rechazan que se trate literalmente de un impuesto sobre el viento.
La administración de Wesner sostiene que simplemente incorporó una actividad económica que hasta ahora no tenía un tratamiento específico dentro de la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene.
La ordenanza vincula el cobro con tareas municipales de habilitación, inspección, fiscalización, seguridad, higiene y control de los establecimientos. Además, parte de los recursos obtenidos serán destinados al Fondo para Obras de Infraestructura Comercial, Empresarial e Industrial.
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