Eso representa apenas el 26,2% del total, con una subejecución acumulada del 73,8%. Más todavía: al cierre de mayo de este año, el texto asegura que más de $1 billón permanecía colocado en instrumentos financieros, entre ellos plazos fijos y títulos públicos.
Precisamente por eso, el pedido de informes intenta reconstruir qué ocurrió con el dinero.
El Ejecutivo deberá responder, en caso de aprobarse la iniciativa, cuánto se recaudó cada año desde enero de 2024, qué porcentaje debía ingresar al SISVIAL, cuánto efectivamente fue asignado y cuál fue el fundamento legal o administrativo de cualquier diferencia entre ambas cifras.
¿Los fondos destinados a rutas ayudaron a mostrar superávit?
Pero el proyecto avanza sobre una cuestión todavía más incómoda para el Gobierno: quiere determinar si esos recursos tuvieron algún impacto en las cuentas fiscales que exhibe la administración nacional.
En uno de sus puntos se exige conocer si durante 2024, 2025 y 2026 el Ministerio de Economía retuvo, reasignó, inmovilizó, administró o invirtió recursos correspondientes al SISVIAL. También reclama que se detalle si ese dinero fue computado contablemente para contribuir al resultado fiscal del Tesoro o al cumplimiento de las metas de equilibrio o superávit.
La presentación incluso pide conocer cuánto dinero había mes a mes en el fondo y dónde estaba colocado: cuentas corrientes, plazos fijos, LECAP, BONCAP, títulos públicos, fondos comunes de inversión u otros instrumentos. También reclama información sobre los rendimientos obtenidos y qué destino tuvieron esos intereses.
Y va un paso más allá: solicita que el Gobierno informe expresamente si los fondos del SISVIAL fueron tenidos en cuenta para calcular el superávit fiscal y, en caso afirmativo, cuánto influyeron. Incluso pide estimar cuál habría sido el resultado de las cuentas públicas si esos recursos no hubieran estado disponibles.
Quieren saber cuánto llegó realmente a las rutas
El pedido no se queda únicamente en las cuentas del Ministerio de Economía. También busca contrastar cuánto dinero permaneció administrado o invertido con las obras que efectivamente llegaron a concretarse.
Por eso exige un detalle de todo lo ejecutado durante 2024, 2025 y 2026 para construcción, conservación, mantenimiento, rehabilitación o reparación de rutas nacionales.
La información deberá estar discriminada por obra, provincia, corredor vial y contratista. También se solicitan montos pagados y pendientes, porcentajes de ejecución y, quizás el dato más concreto para medir el impacto real del dinero, cuántos kilómetros de rutas nacionales fueron efectivamente intervenidos con recursos del SISVIAL durante cada año.
Las provincias, en el centro de la discusión
Los fundamentos también introducen otro componente político: el reclamo de las provincias frente al deterioro de las rutas nacionales.
El proyecto utiliza a Santa Fe como ejemplo y sostiene que la provincia lleva adelante con recursos propios un programa de reparación de rutas provinciales superior a los $52.000 millones, que alcanzaría unos 4.600 kilómetros. Además, señala que en julio de 2026 el gobierno santafesino asumió mediante un convenio con Nación la administración de un tramo de ruta nacional.
El cuestionamiento que atraviesa toda la iniciativa es sencillo: si existe dinero específicamente recaudado para financiar infraestructura vial, el Congreso quiere saber cuánto llegó efectivamente a las rutas y qué ocurrió con el resto.
En ese sentido, los autores sostienen que la situación dejó a las provincias utilizando sus propios recursos para atender problemas que corresponden a la red nacional, mientras una parte importante del dinero del fideicomiso permanecía invertida.
El proyecto también reclama conocer qué controles realizaron la SIGEN, la Auditoría General de la Nación y los auditores externos del fideicomiso, además de acceder a sus informes y eventuales observaciones sobre la administración de los recursos.
El proyecto que ingresó al Congreso a continuación:
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