Entre otras medidas, propone que el organismo esté obligado a exigir controles sobre la salida de capitales cuando detecte riesgos para un programa financiero; crear una facilidad especial para transformar parte de la deuda extraordinaria en préstamos de muy largo plazo, sin sobrecargos y con períodos de gracia; flexibilizar los plazos de devolución para países con problemas de sostenibilidad y establecer mecanismos para que el propio FMI asuma responsabilidades cuando apruebe programas que luego se demuestren fallidos.
Además, el proyecto instruye al Poder Ejecutivo a reclamar la eliminación total de los sobrecargos que actualmente paga la Argentina, solicitar una reprogramación de la deuda y exigir una evaluación independiente sobre el uso de los recursos otorgados al país entre 2018 y 2025.
Más poder para el Congreso
Otro de los ejes de la propuesta busca fortalecer el rol del Congreso en materia de endeudamiento externo.
La iniciativa establece que toda operación de crédito, refinanciación o modificación sustancial de un programa con organismos internacionales deberá contar con una ley específica aprobada por el Parlamento y prohíbe expresamente que estos acuerdos sean instrumentados mediante decretos de necesidad y urgencia.
También prevé ampliar las atribuciones de la Comisión Bicameral encargada del seguimiento de la deuda externa, otorgándole mayores facultades para acceder a documentación, convocar funcionarios, emitir dictámenes y supervisar las negociaciones con los organismos financieros internacionales.
Nuevas reglas para el endeudamiento
El texto incorpora además una regla fiscal permanente que limita la posibilidad de emitir nueva deuda en moneda extranjera cuando el stock de obligaciones externas supere determinados parámetros vinculados al nivel de exportaciones del país.
En caso de exceder ese umbral, cualquier nuevo endeudamiento requeriría una mayoría especial del Congreso, salvo situaciones excepcionales como emergencias económicas, pandemias o conflictos bélicos.
El programa vigente con el FMI
Entre las disposiciones transitorias, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso, dentro de los 90 días de aprobada la ley, un proyecto para ratificar o rechazar el programa actualmente vigente con el Fondo Monetario Internacional.
Mientras ese trámite no concluya, el Ejecutivo no podría acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del programa.
Un proyecto con fuerte contenido político
La presentación de la iniciativa coincide con la presencia en la Argentina de Kristalina Georgieva y reabre el debate sobre el vínculo del país con el Fondo Monetario Internacional.
En los fundamentos del proyecto, los autores sostienen que la Argentina mantiene una exposición "sin precedentes" frente al organismo y cuestionan tanto el acuerdo stand-by de 2018 como las decisiones posteriores relacionadas con el financiamiento externo. Sobre esa base, argumentan que resulta necesario establecer un nuevo marco legal para futuras negociaciones y reforzar el control institucional sobre el endeudamiento con organismos internacionales.
El proyecto completo a continuación:
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