Cómo funcionaría el sistema que proponen los libertarios
La propuesta establece que deberán afrontar el costo de la atención sanitaria los extranjeros que tengan residencia temporaria o transitoria, autorización precaria o se encuentren en situación migratoria irregular, siempre que se trate de prestaciones programadas o no urgentes.
El pago podrá realizarse mediante un seguro médico, la cobertura de una obra social, un tercero responsable o, en última instancia, por el propio paciente.
Sin embargo, el texto deja expresamente establecido que ninguna persona podrá ser rechazada cuando exista una urgencia o una emergencia que implique riesgo para su vida. En esos casos, la asistencia deberá brindarse de inmediato y la recuperación de los costos se realizará una vez finalizada la atención.
Además, el proyecto excluye del cobro a las víctimas de trata de personas y mantiene totalmente gratuitas las prestaciones vinculadas a vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria para proteger la salud pública.
También alcanzaría a las universidades: extranjeros que paguen
La iniciativa también apunta al sistema universitario provincial.
De aprobarse, las universidades de gestión estatal de la provincia de Buenos Aires podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no posean residencia permanente en Argentina.
Cada institución tendrá autonomía para definir cuánto costará estudiar, cómo se abonará el arancel y qué mecanismo utilizará para actualizar esos valores.
Transparencia en el uso de los fondos
Otro de los puntos incorporados en el proyecto obliga tanto al Ministerio de Salud bonaerense como a las universidades alcanzadas por la norma a publicar todos los años información sobre la cantidad de extranjeros comprendidos por el régimen, los montos facturados, lo efectivamente recaudado, las exenciones otorgadas y el destino de esos recursos.
En el caso del sistema sanitario, el dinero recuperado se incorporará al Fondo Provincial de Salud del SAMO y deberá destinarse a la compra de medicamentos, insumos, equipamiento, obras de infraestructura y mejoras en hospitales públicos, priorizando a los establecimientos que hayan generado esas prestaciones.
Los argumentos de Agustín Romo en medio de la campaña anti Argentina
En los fundamentos del proyecto, el legislador sostiene que la provincia atraviesa un escenario de recursos limitados y que el Estado debe priorizar a quienes financian el sistema de salud y educación mediante sus impuestos.
"Por tanto, no resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses", señala el texto.
Además, aclara que la propuesta no implica negar asistencia médica ni afectar la dignidad de las personas, sino establecer que quienes no tengan residencia permanente afronten el costo de las prestaciones mediante un seguro, un tercero responsable o el pago correspondiente.
Respecto de la educación superior, el proyecto sostiene que las universidades públicas se financian con los aportes de los ciudadanos y residentes que sostienen el Estado, por lo que considera razonable que quienes lleguen al país sin residencia permanente para estudiar realicen una contribución económica por ese servicio.
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