Por el oficialismo participaron, además de Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici.
También estuvieron representantes de bloques aliados y provinciales como Pamela Verasay por la UCR, Cristian Ritondo por el PRO, Oscar Zago por el MID, Gisela Scaglia de Provincias Unidas, José Luis Garrido de Por Santa Cruz, Fernanda Ávila de Elijo Catamarca y la tucumana Gladys Medina, del espacio Independencia.
La prioridad del oficialismo es mantener el control de la agenda legislativa mientras espera que el Senado avance con proyectos de mayor peso político, entre ellos la reforma política.
Dejar atrás el caso Adorni y sesionar en Diputados
Uno de los expedientes que buscarán llevar al recinto es la “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La iniciativa ya obtuvo dictamen de comisión, aunque el Gobierno tuvo que aceptar cambios para destrabar apoyos. El proyecto apunta a eliminar más de 70 normas que el Ejecutivo considera “obsoletas”, pero algunos artículos generaron resistencia incluso entre aliados.
Finalmente, el oficialismo decidió mantener vigente la ley de cooperativas que exime de ciertos impuestos a edificios y construcciones cooperativas. También se preservó la Ley 20.959, que otorga a senadores, diputados y autoridades parlamentarias una credencial especial para libre circulación y estacionamiento.
Otro punto que sobrevivió a las negociaciones fue el financiamiento estatal para el Círculo de Legisladores, entidad que nuclea a exdiputados y exsenadores.
En el caso de la Federación Argentina de Municipios (FAM), actualmente presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el Gobierno mantuvo el financiamiento público aunque habilitó también la posibilidad de recibir aportes privados.
Otros proyectos a tratar en la sesión
Otro de los proyectos que el Ejecutivo quiere acelerar es la modificación del régimen de subsidios por Zonas Frías.
La iniciativa enviada por la Casa Rosada busca revertir parcialmente la ampliación aprobada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, impulsada políticamente por Máximo Kirchner, que había triplicado la cantidad de beneficiarios alcanzados por descuentos en las tarifas de gas.
La ley originalmente beneficiaba a usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. Sin embargo, luego se extendió a municipios bonaerenses, zonas de Córdoba, Santa Fe y Cuyo, con descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas.
Ahora, el Gobierno quiere volver al esquema original y limitar los subsidios automáticos únicamente a las regiones históricas, dejando el beneficio para el resto de las zonas solo en casos de vulnerabilidad económica acreditada.
El tema promete generar tensión política, especialmente porque varios dirigentes que hoy forman parte del oficialismo o sus aliados habían acompañado la ampliación de 2021. Entre ellos aparecen el actual ministro de Defensa, Luis Petri, y el gobernador mendocino Alfredo Cornejo.
La semana próxima habrá un plenario de comisiones para empezar a debatir el proyecto y emitir dictamen.
Patentes también en agenda
En paralelo, el oficialismo también quiere avanzar con la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional firmado en 1970 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO).
Aunque el Gobierno venía demorando su tratamiento por las presiones de laboratorios y empresas farmacéuticas, el tema volvió a tomar impulso porque forma parte de los entendimientos bilaterales que la administración Milei busca consolidar con Estados Unidos.
El tratado establece un sistema internacional simplificado para el registro de patentes y nunca fue ratificado por el Congreso argentino.
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