Patentes: el proyecto que está más cerca de tratarse en el Senado
De las dos iniciativas elegidas, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes es la que tiene mayor recorrido legislativo.
La Cámara de Diputados le dio luz verde en agosto con 147 votos afirmativos y 93 negativos. Sin embargo, introdujo una modificación al texto y, por ese motivo, el proyecto deberá regresar al Senado antes de convertirse definitivamente en ley.
El PCT establece un mecanismo que permite iniciar una solicitud internacional de patente y posteriormente continuar el trámite en los países que el solicitante elija. Esto no significa que una patente quede automáticamente aprobada en todos esos Estados: cada organismo nacional conserva la potestad de decidir si concede o no el derecho.
Argentina firmó el tratado en 1970, pero nunca terminó de completar su ratificación interna.
El punto que generó mayor discusión fue el Capítulo II, vinculado al examen preliminar internacional. Se trata de una instancia optativa que permite obtener una evaluación adicional sobre cuestiones como la novedad de una invención, su actividad inventiva y su posible aplicación industrial.
Diputados terminó incorporando una reserva para excluir ese capítulo, modificación que había sido reclamada durante las negociaciones por sectores vinculados a la industria farmacéutica nacional.
Para el Gobierno, cerrar este expediente tiene además una importancia que excede al Congreso. La adhesión al PCT forma parte de los compromisos asumidos con Estados Unidos en materia de propiedad intelectual y el Ejecutivo prepara otros tratados internacionales vinculados con patentes, marcas, diseños industriales, microorganismos y señales satelitales.
Salud Mental, la otra apuesta del Gobierno
El segundo proyecto que la Casa Rosada quiere empujar durante octubre es la reforma de la Ley de Salud Mental, una discusión mucho más sensible y que obligó al oficialismo a introducir modificaciones después de meses de audiencias y negociaciones.
Uno de los principales ejes está puesto en las internaciones involuntarias. El texto busca establecer con mayor precisión en qué situaciones pueden disponerse, cómo deben intervenir los profesionales y qué controles judiciales tienen que existir.
Entre los cambios analizados se encuentra la exigencia de una evaluación realizada por dos profesionales, al menos uno de ellos médico. También se contempla que, ante situaciones excepcionales y cuando no exista disponibilidad inmediata, la evaluación psiquiátrica pueda completarse posteriormente dentro de un plazo determinado.
La intención es, además, establecer revisiones periódicas para evitar que una internación se prolongue indefinidamente sin controles.
La reforma incorpora otros aspectos relacionados con los planes de egreso, el tratamiento de las adicciones, las teleconsultas y las directivas anticipadas.
Al mismo tiempo, mantiene el objetivo de reemplazar progresivamente los establecimientos monovalentes por una red de atención integrada, aunque busca ampliar las herramientas disponibles para actuar frente a pacientes y situaciones de mayor complejidad.
El texto atravesó distintas revisiones durante los últimos meses. Ahora el desafío político será terminar de ordenar los votos para llevarlo al recinto.
Una lista de proyectos que deberá esperar
El reordenamiento de prioridades tiene una contracara: varios proyectos que en algún momento aparecieron entre las apuestas del Gobierno seguirán esperando.
Entre ellos están el denominado Super-RIGI, la reforma de la Ley de Sociedades, Hojarasca y las modificaciones al régimen de Etiquetado Frontal. Ninguno tiene, por el momento, una fecha clara para llegar al recinto.
En el caso del Super-RIGI persisten diferencias sobre las condiciones que tendrán las grandes inversiones y el lugar reservado para los proveedores nacionales. La reforma de la Ley de Sociedades también encontró objeciones, particularmente alrededor de las responsabilidades de las personas humanas detrás de estructuras societarias automatizadas y aquellas que funcionen mediante contratos inteligentes.
Frente a ese panorama, el Ejecutivo empezó a separar los proyectos que todavía considera posibles de aprobar durante 2026 de aquellos que probablemente deberán esperar.
Presupuesto y reforma política, las batallas del cierre de año
Más allá de lo que ocurra en octubre, las dos grandes apuestas políticas del Gobierno siguen siendo el Presupuesto 2027 y la reforma política.
La expectativa oficial es que Diputados recién pueda votar el Presupuesto durante noviembre. Si ese cronograma se cumple, el Senado tendrá un margen bastante ajustado para tratarlo antes del cierre del período ordinario.
En paralelo, Santilli continuará negociando con los gobernadores para conseguir los votos necesarios para los cambios electorales. La orden política es clara: el oficialismo no quiere volver a sentarse en comisión para discutir esa reforma hasta tener garantías de que existe un acuerdo capaz de sostenerla.
Por eso octubre funcionará como una suerte de prueba para la Cámara alta. Mientras las negociaciones más complejas siguen por debajo de la superficie, el Gobierno intentará mostrar movimiento con Salud Mental y patentes.
El escenario ideal para la Casa Rosada es llegar a diciembre con el Presupuesto 2027 y la reforma política aprobados, además de sumar las iniciativas que consiga destrabar en las próximas semanas. Pero con los tiempos legislativos cada vez más apretados y varios acuerdos todavía abiertos, el Gobierno empezó a elegir sus batallas.
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