Los enfrentamientos se concentraron en las cercanías de la Plaza de los Dos Congresos, donde algunos manifestantes intentaron avanzar sobre el vallado dispuesto para impedir el acceso al edificio legislativo.
La respuesta policial incluyó el uso de gases lacrimógenos, que también alcanzaron sectores de la movilización ajenos a los enfrentamientos, entre ellos el espacio donde se encontraba instalado el palco principal de la convocatoria universitaria.
El saldo informado fue de ocho integrantes de las fuerzas federales heridos, dos periodistas agredidos y distintos daños materiales en bancos, contenedores y otros elementos del mobiliario urbano.
El Gobierno quiere que la causa pase a la Justicia federal
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el pedido para que los hechos sean investigados por la Justicia federal.
Actualmente, las actuaciones vinculadas con las detenciones quedaron bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención del fiscal Santiago Almeida y la jueza Araceli Martínez.
Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad consideran que los episodios podrían exceder la competencia de la Justicia ordinaria debido a las agresiones contra efectivos federales y a la posible afectación del funcionamiento del Congreso de la Nación.
La presentación fue firmada por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios del área jurídica de la cartera de Seguridad, quienes solicitaron distintas medidas para reconstruir lo ocurrido e individualizar las responsabilidades penales.
El objetivo es establecer quiénes participaron de los ataques, qué conductas pueden atribuirse a cada persona y si existió algún tipo de organización previa.
Por el momento, se trata de acusaciones que deberán ser evaluadas por la Justicia. La existencia de detenidos no implica que todos hayan cometido los mismos delitos ni que las responsabilidades denunciadas estén acreditadas.
La sospecha oficial sobre un intento de obstaculizar al Congreso
La denuncia incorpora otro elemento que podría darle una dimensión política al expediente.
El Gobierno pidió investigar si los disturbios tuvieron como finalidad impedir o dificultar la actividad legislativa prevista para esa jornada.
Mientras se desarrollaba la movilización, la Cámara de Diputados tenía convocada una sesión para debatir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei. Finalmente, la sesión no pudo avanzar por falta de quórum.
En ese contexto, los abogados del Ministerio de Seguridad plantearon la posibilidad de que los hechos de violencia estuvieran dirigidos a interferir en el funcionamiento del Poder Legislativo.
No obstante, hasta el momento no se encuentra acreditada una relación causal entre los incidentes ocurridos en la calle y la falta de quórum en Diputados. Ese eventual vínculo forma parte de las cuestiones que el Ejecutivo pretende que se investiguen.
Videos, cámaras y testimonios: las pruebas que pidió reunir el Ministerio
Para avanzar con la investigación, el Gobierno solicitó recopilar material audiovisual de los enfrentamientos, incluidos registros de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en los alrededores del Congreso.
También reclamó preservar las imágenes captadas por cámaras corporales de los efectivos, teléfonos celulares y drones utilizados durante el operativo.
A esas pruebas se sumarían los partes policiales, las comunicaciones internas de las fuerzas de seguridad y las declaraciones de los agentes que participaron del procedimiento.
Otro de los pedidos apunta a documentar las lesiones sufridas por los uniformados, mediante certificados médicos y constancias de atención.
Además, el Ministerio solicitó identificar a los policías de la Ciudad que intervinieron en las detenciones o presenciaron los enfrentamientos para que puedan declarar como testigos.
En cuanto a los daños materiales, se pretende realizar un relevamiento de los bienes afectados y calcular el costo económico de los destrozos.
Qué puede pasar ahora con los detenidos
La presentación del Gobierno abre una nueva instancia judicial, pero no significa que las 25 personas detenidas vayan a enfrentar automáticamente las mismas imputaciones ni las penas máximas mencionadas. La Justicia deberá analizar las imágenes, los testimonios y el resto de las pruebas para determinar qué participación tuvo cada involucrado.
En paralelo, según informó Clarín sobre la base de fuentes judiciales, cuatro mayores de edad detenidos por la Policía de la Ciudad quedaron a disposición de la fiscalía correspondiente, mientras que dos menores recuperaron la libertad.
El expediente también deberá resolver la cuestión de la competencia judicial, ya que el Ejecutivo pretende trasladar la investigación al ámbito federal.
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