Esta medida fue uno de los planteos que le hizo la CGT al Gobierno, ni bien empezó a desmadrarse el número de contagios por covid-19 con la llegada de la segunda ola. Así, alertados por posibles medidas restrictivas que finalmente se tomaron, le pidieron al Ejecutivo que extendiera la medida para "cuidar el empleo de los trabajadores".
En paralelo a la prohibición de despidos, el Gobierno estableció el año pasado la doble indemnización como blindaje al empleo. Pero desde enero, a esta vía de desvinculación se le fijó un tope de 500.000 pesos.
El primer decreto comenzó su vigencia el 1° de abril de 2020. La medida fue resuelta en el marco de la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar” la pandemia.
Luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio, hubo una tercera disposición a partir del 1° de diciembre y una cuarta el 23 de enero.
En ese sentido, las empresas privadas seguirán hasta fines de mayo sin poder despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo.
