En diciembre se conoció otra decisión que impactó directamente sobre sus ingresos como legisladora nacional. En ese caso, la Justicia dispuso el embargo de su dieta a partir del reclamo presentado por un comprador de un lote perteneciente a otro desarrollo inmobiliario de Las Grutas.
La suma involucrada en aquella demanda rondaba los $40 millones.
A eso se agrega otro antecedente que pasó por el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N° 9 de San Antonio Oeste, relacionado con operaciones de venta de terrenos dentro del complejo Tajamar.
De esta manera, Villaverde acumula diferentes disputas civiles vinculadas con emprendimientos inmobiliarios que desarrolló en Río Negro antes y durante su exposición en la política nacional.
Hasta el momento, no obstante, ninguno de esos expedientes derivó en una condena firme contra la diputada.
Villaverde dice que se enteró por los medios
Tras conocerse el nuevo embargo, la legisladora aseguró que no recibió ninguna notificación oficial de la Justicia.
Según explicó, tomó conocimiento de la existencia de la medida a través de publicaciones periodísticas y sostuvo que sus abogados tampoco habían sido formalmente informados.
Villaverde insistió además en diferenciar la existencia de un embargo preventivo de una sentencia en su contra. Su posición es que el expediente todavía está en trámite y, por lo tanto, no existe una resolución que determine su responsabilidad en el conflicto.
Pero la diputada fue más allá de la explicación judicial y volvió a cuestionar el tratamiento público de las causas que la involucran.
Considera que existe una exposición desproporcionada de sus conflictos judiciales y sostiene que recibe un trato desigual tanto desde algunos sectores institucionales como mediáticos.
La legisladora asegura que no pretende evitar las investigaciones ni obtener privilegios por ocupar una banca en el Congreso. Su planteo es que debe poder ejercer su defensa, ser formalmente notificada de cada medida y esperar las decisiones de los tribunales antes de que se establezcan responsabilidades públicamente.
Mientras tanto, el nuevo embargo suma otro capítulo a una serie de conflictos que persiguen a Villaverde por sus operaciones inmobiliarias en Las Grutas y que vuelven a colocar a una integrante de La Libertad Avanza bajo la lupa judicial.
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