En esa línea fue el proyecto de ley aprobado en octubre pasado en el Senado por unanimidad.
Pero en Diputados todo cambió y la iniciativa quedó paralizada por las diferencias en el Frente de Todos.
Ante esto, el Interbloque Federal (donde tiene peso Córdoba, una de las provincias con mayores intereses en el tema) y Juntos por el Cambio solicitaron sesiones especiales para tratar el proyecto venido del Senado.
Antes, Alberto Fernández se había reunido con el senador nacional por Córdoba Carlos Caserio, quien le expresó su preocupación por la "demora" en el tratamiento de la ley de Biocombustibles.
Caserio recordó a mediados de marzo que "además de sus beneficios ecológicos, la industria del biocombustible tiene un alto impacto en la generación de empleo y valor agregado en provincias como Córdoba y Santa Fe".
Justamente legisladores santafesinos también apoyan el pedido de sesión especial en Diputados.
Pero el Gobierno de Córdoba es el más activo. El gobernador Schiaretti juntó a 41 instituciones del sector productivo local y emitieron un comunicado en el cual solicitaron en marzo a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, la "prorroga" de la ley.
Ocurre que la provincia cuenta con un importante desarrollo en la producción de bioetanol de maíz y un enorme potencial en relación al biodiesel y otros usos de biomasa.
En febrero el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también pidió por el el tratamiento de la prórroga de la Ley de Biocombustibles.
Y en febrero, ya los integrantes de la Mesa Ejecutiva del Parlamento del NOA (ParlaNOA) habían reclamado que la Cámara de Diputados de la Nación debata la prórroga, a la que calificaron como "una herramienta de gran importancia económica-social para la región".
En ese contexto, desde el kirchnerismo la diputada Carolina Moisés (Frente de Todos-Jujuy) presentó un proyecto para prorrogar por 10 años la vigencia de la Ley de Biocombustibles.
La iniciativa establece un régimen de preferencia para el bioetanol de caña, a través del que la legisladora busca “dar señales claras a los empresarios que aportarán los fondos a ser invertidos”.
Pero las provincias petroleras se resisten a que continúen los subsidios para las aceiteras.
Además, en el gobierno preocupa la suba del precio de la soja y el maíz, que son la materia prima del biodiesel y el etanol, y su traslado a los surtidores.
En ese contexto es que surge Máximo Kirchner con su proyecto de Ley de Biocombustibles, que aún no fue presentado por Mesa de Entradas de Diputados y sería revelado en la reunión de comisión de Energía de este lunes 22/3 a las 17 con la presencia del ministro Martínez. La idea es, en principio, desactivar la convocatoria opositora a las sesiones especiales y ofrecer una salida al entuerto.
Según trascendió, el proyecto de Máximo prevé que el 100% del corte mínimo obligatorio para la comercialización de combustibles sea abastecido por las Pymes de biodiesel y bioetanol durante 6 años.
Así, las grandes petroleras deberían proveerse con las pymes ek volumen necesario para producir la mezcla mínima del 5% de biodiesel y el 7% de bioetanol que dispone la ley a las empresas cuya producción anual no excedan las 50.000 toneladas de biodiesel o los 90.000 metros cúbicos de bioetanol de maíz.
Mientras se espera por el proyecto de Máximo, varios diputados presentan sus propias iniciativas, como es el caso de las opositoras Jimena Latorre, Claudia Najul y Carla Carrizo que promueve la prórroga hasta 2025 y la creación de la Mesa Redonda Nacional para el Desarrollo de Biocombustibles, que tenga como objeto “la elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles en Argentina, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica el desarrollo de Biocombustibles en el país, incorporando los aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales”.
A continuación reproducimos la iniciativa de Latorre, Najul y Carrizo:
El proyecto de ley de Biocombustibles de Jimena Latorre by Urgente24 on Scribd
