El tribunal sí hizo lugar a otro reclamo: consideró que debían producirse pruebas solicitadas por Fernández que anteriormente habían sido rechazadas. Esa resolución obligó a Rafecas a profundizar determinados puntos antes de definir el siguiente paso procesal.
Así, Fernández no consiguió hacer caer la investigación, pero sí logró postergar su llegada al juicio oral.
Alberto Fernández gana tiempo
Entre las diligencias ahora en marcha se encuentran pedidos de documentación médica y la convocatoria de integrantes de la custodia presidencial que no habían prestado declaración. También existen otros planteos probatorios de la defensa relacionados con elementos incorporados al expediente.
Meses atrás, el escenario para el expresidente parecía considerablemente más complicado. Rafecas había rechazado distintos planteos de su defensa y el expediente se encaminaba hacia la instancia oral. En abril, incluso, la causa había quedado en condiciones de completar los trámites necesarios para avanzar hacia el sorteo del tribunal que eventualmente juzgaría al exmandatario. Pero la intervención de la Cámara modificó los tiempos.
Los camaristas Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun coincidieron en rechazar la pretensión de invalidar la investigación. Sin embargo, por mayoría, Boico y Farah consideraron necesario producir las medidas de prueba reclamadas por la defensa antes de continuar.
El resultado es una situación particular: la causa sigue plenamente vigente y Fernández continúa procesado, pero su envío a juicio deberá esperar.
Además, la batalla judicial todavía tiene otro frente abierto. La Cámara Federal habilitó recientemente a la defensa del expresidente a acudir ante la Cámara Federal de Casación Penal para insistir con su pedido de nulidad de lo actuado durante la etapa en la que Ercolini estuvo al frente del expediente.
De qué acusa Fabiola Yañez a Alberto Fernández
El expediente se inició a partir de información detectada durante la investigación del caso Nación Seguros. Allí aparecieron comunicaciones entre Fabiola Yañez y María Cantero, quien había sido secretaria privada de Fernández, que derivaron posteriormente en la denuncia contra el expresidente.
Fernández fue procesado por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, agravados por el vínculo y en un contexto de violencia de género, además de amenazas coactivas. La acusación judicial comprende episodios que, según la investigación, ocurrieron antes y durante su paso por la Presidencia, incluyendo hechos presuntamente sucedidos en la Quinta de Olivos.
La Fiscalía sostiene que el material reunido es suficiente para discutir esas acusaciones en un juicio oral. La defensa, en cambio, continúa cuestionando tanto aspectos de la investigación como distintas pruebas incorporadas al expediente.
Por ahora, esa disputa procesal volvió a jugar a favor de los tiempos del expresidente. El juicio que parecía cada vez más próximo tendrá que esperar hasta que Rafecas complete las nuevas diligencias y determine cómo continúa una de las causas judiciales más delicadas que enfrenta Alberto Fernández.
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