El punto que encendió las alarmas en ADEPA
El texto impulsado por el Poder Ejecutivo contempla penas de entre cinco y doce años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, realice actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.
Las penas podrían elevarse a entre ocho y quince años cuando esas acciones incluyan coerción.
Para ADEPA, el problema no radica solamente en las penas previstas, sino en la amplitud de algunos conceptos utilizados para determinar cuándo se configura el delito.
Términos como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada” o “alterar procesos electorales” deberían contar, según la entidad, con definiciones mucho más precisas. De lo contrario, sostiene que podría generarse incertidumbre sobre qué conductas están efectivamente alcanzadas por la ley.
Ese margen de interpretación es el que despierta preocupación dentro de la organización periodística, especialmente por el eventual efecto inhibitorio que una norma penal podría producir sobre periodistas, medios y otros actores que participan del debate público.
Qué propone ADEPA
La entidad no reclama eliminar las herramientas destinadas a combatir operaciones extranjeras, sino concentrarlas en acciones concretas y comprobables.
Entre ellas menciona operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación de identidad, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral.
El planteo apunta a establecer una frontera clara entre ese tipo de maniobras y la publicación de información, opiniones, investigaciones periodísticas o contenidos que forman parte de la discusión pública.
“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables”, sostuvo la asociación, que cuestionó la utilización de elementos subjetivos que eventualmente puedan servir para discutir o perseguir contenidos u opiniones.
La organización enviará ahora su análisis jurídico a los integrantes del Congreso, donde la iniciativa deberá atravesar el debate en comisiones antes de llegar al recinto.
Un proyecto mucho más amplio que Malvinas
La discusión sobre la “desinformación ” es apenas una parte de una iniciativa considerablemente más extensa.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional fue presentada formalmente por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados el 17 de septiembre y tiene como uno de sus ejes centrales reforzar las herramientas del Estado frente a actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos reclamados por la Argentina.
Pero el proyecto también avanza sobre otras áreas de seguridad nacional. Entre otros puntos, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, ampliar herramientas frente a amenazas externas e incorporar nuevos delitos relacionados con espionaje, influencia extranjera, interferencia electoral y campañas coordinadas de desinformación.
El Gobierno salió a defender particularmente este último apartado después de que comenzaran a aparecer cuestionamientos. Desde la Casa Rosada sostienen que la intención no es perseguir periodistas ni restringir la libertad de expresión, sino dotar al Estado de instrumentos para actuar frente a operaciones impulsadas o financiadas desde el exterior.
ADEPA, en cambio, considera que para garantizar ese objetivo sin afectar derechos fundamentales es necesario ajustar la redacción antes de que el proyecto se convierta en ley.
El debate quedará ahora en manos del Congreso. Allí deberá definirse si el artículo permanece como fue enviado por el Ejecutivo o si las advertencias planteadas derivan en modificaciones durante su tratamiento parlamentario.
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