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Según consigna este martes 23/04 el diario Clarín, entre los aliados, el fueguino Jorge Garramuño anunció que rechazará los proyectos; lo mismo hizo el massista Alberto Roberti y el sanjuanino Mauricio Ibarra.
El oficialismo insiste en que tienen el número para sancionar la reforma judicial, con un piso de 132 legisladores, ya que a los 112 propios sumarían 16 aliados provinciales y cuatro de Nuevo Encuentro. Pero tras la carta de Lorenzetti incluso se pensó en el retorno de Martín Sabbatella para garantizar la aprobación.
Otro fuerte rumor fue la posibilidad de hacer nuevos cambios en los proyectos tras los retoques que hizo Senado tras las quejas de Horacio Verbitsky. Claro que esta opción provocaría que los proyectos regresaran al Senado demorando la sanción.
La carta enviada por Lorenzetti, que no fue difundida, fue firmada por el presidente y la vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (Lorenzetti y Elena Highton, respectivamente).
Las máximas autoridades de la Corte transmitieron a Diputados el duro texto que les había entregado la semana pasada el presidente de la Junta de titulares de cámaras de apelaciones nacionales y federales de todo el país, Gustavo Hornos, representante de la la Cámara Federal de Casación Penal, reveló este 23/04 el diario Clarín.
Los presidentes de cámara advirtieron sobre un riesgo de “paralización” de la Justicia en caso de ser aprobados los proyectos de reforma judicial tratados la semana pasada por mitades en ambas cámaras y que hoy comenzarán a ser tratados en el plenario de comisiones de Diputados.
La principal advertencia de los camaristas apuntó a la reforma que se pretende llevar a cabo en el Consejo de la Magistratura, donde se propone aumentar su integración con consejeros elegidos en las elecciones nacionales y alterar el sistema de mayorías en beneficio del gobierno de turno.
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El diario La Nación da cuenta este martes que la nota, que está firmada por 24 presidentes de todas las Cámaras Federales de Apelaciones del país -sólo se negó a suscribirla la camarista María Laura Garrigós de Rébori, que integra el movimiento Justicia Legítima-, hace hincapié en tres aspectos del proyecto: la reforma del Consejo de la Magistratura, la remoción de jueces sin mayoría calificada y que los concursos de secretarios y funcionarios sean manejados por la Justicia, y no una instancia política como el Consejo.
