Consultado sobre la masividad de la última protesta, Fernández evitó discutir cifras, pero recordó que a la Presidente la votaron más de 11 millones de personas.
Fernández indicó que la convocatoria es "una vergüenza" que está cercana a la "inconstitucionalidad" y que podría derivar en el delito de "sedición".
"A mí no me mueven el amperímetro; todo el mundo tiene derecho a expresarse. Lo que sí nadie puede prohibirle a un legislador que entre al Congreso o decirle cómo tiene que votar. Llegado el caso vamos a tener que actuar, porque cuando pasan esas cosas, los golpes destituyentes están más cerca", advirtió.
Rápidamente, llegó el repudio en 'Twitter':
pato1512 @PATO1512
anibal vos ya votaste son un arrastrado impresentable !!!!!!!
julian @JulianEje37
Y claro "MAFIA" a ustedes quien los frena?
#24A @lauritalonso @lauritalonso
Amigos, estás personas buscan #justicia para sus muertos y para heridos. No vamos a ayudarlos? #Once Vení al #AbrazoAlCongreso #24A
Adrián Pérez @adrianperezCC
La reforma judicial solo busca garantizar hegemonia e impunidad. #VayamosalCongreso el #24A.
a f iraola @nigrira
porque en un pais de ciegos un tuerto fue rey el #24A al congreso para abrirle los ojos a los diputados
#24A @lauritalonso @lauritalonso
Pedimos #AbrazoAlCongreso y nos dicen "sediciosos". Ellos "lavaron" miles de millones y son "progres". Por favor! #AbranLasBóvedas #24A
Desde distintas ONG y la oposición se movilizarán al congreso el miércoles para exigir que no se vote la reforma judicial.
Uno de los hechos más bochornosos podría ocurrir el próximo miércoles 24 de abril, cuando el oficialismo, y sus aliados pagos, comiencen a convertir en ley el polémico paquete de leyes conocido como reforma judicial.
La movida tiene el objetivo de eliminar la poca independencia del poder judicial, y consagrar la impunidad. De esta forma, al habilitar los mecanismos para designar jueces amigos del poder político y echar a aquellos que son díscolos, los kirchneristas creen que estarán blindados ante los enormes escándalos de corrupción que los involucra.
Aunque eso no es todo: uno de los proyectos apunta a limitar el derecho que tiene la ciudadanía a obtener medidas cautelares que la protejan del avasallamiento del Estado y del poder político.
Por ejemplo, si como consecuencia del agravamiento de la situación económica que se viene registrando desde hace varios meses, se decidiera adoptar restricciones a la extracción de dinero en los bancos –como ocurrió a fines de 2001 con el corralito-, los ciudadanos afectados no tendrían ningún mecanismos de defensa para preservar su patrimonio. De esta manera, le quitarán la única herramienta que tuvieron tras el corralito y el corralón decretados por los gobierno de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde que sirvieron para salvar a los bancos, quedándose con los depósitos de particulares, con el dinero de la gente. Aquellos que en esa época lograron recuperar sus ahorros, lo hicieron mediante medidas cautelares dictadas por la Justicia.
Ante esta situación, dirigentes opositores y líderes sindicales enfrentados al Gobierno convocaron a una marcha el próximo miércoles al Congreso para torcer la votación de la reforma judicial que el oficialismo tendría previsto aprobar.
"Ese día (el 24A) tiene que haber mucha gente acompañando. Hay que impedir esa votación", lanzó Elisa Carrió y se sumó así a la convocatoria a un “abrazo” al Congreso de la Nación.
La CGT Azopardo, conducida por Hugo Moyano, también participará de la marcha convocada al Congreso para protestar contra las reformas en el Poder Judicial que la Cámara de Diputados podría convertir en ley.
Por otra parte, organizaciones no gubernamentales que habitualmente tratan temas institucionales, pidieron que los ciudadanos firmen un pedido que será dirigida a 12 diputados que "a veces acompañan los proyectos del oficialismo y a veces no", para que "no" voten a favor de la reforma judicial en la Cámara Baja.
La solicitud, que se puede completar en Internet, está dirigida a los diputados Facundo Moyano, Mariana Veaute, Omar Plaini, Alicia Comelli, José Ricardo Brillo, Juan Carlos Forconi, María Cristina Fiore Viñuales, Alfredo Olmedo, Jorge Garramuño, Julio Ledesma, Walter Raúl Wayar y Eduardo Mauricio Ibarra, todos integrantes de diferentes espacios políticos.
En las redes sociales se alude también al diputado Alberto Roberti, a quien junto a Ledesma identifican como legisladores pertenecientes al llamado "massismo", ya que ambos contribuyeron la semana pasada a dar quórum cuando se trataron los tres proyectos que ya tienen media sanción.
El reclamo a los 12 legisladores de parte quieran llenar el formulario se hace a través de la firma de una nota que asegura que los proyectos presentan "serios problemas de constitucionalidad" e "implican un grave riesgo para el sistema de división de poderes, para el derecho de acceso a la justicia, a una tutela judicial efectiva, y especialmente para la defensa de los derechos de las minorías".
El pedido fue realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Directorio Legislativo y Poder Ciudadano.
