Ahora, fue presentado un proyecto desde el FAP donde se plantea transferir las potestades "a los gobiernos provinciales de los registros de automotor, motovehículos y maquinaria agrícola".
En la iniciativa de la diputada nacional Alicia Ciciliani, se propone que la dirección de cada registro quede a cargo de un funcionario del gobierno provincial y que las ganancias queden en el tesoro de la provincia donde está radicada.
"Dado que las provincias son las que perciben los impuestos a las patentes, ¿no sería más adecuado que sean éstas las que, desde un verdadero principio federal, llevaran a cabo la registración?", indicó la legisladora en declaraciones a 'Radio 2'.
De esta manera, los empleados de los registros, actualmente en relación de dependencia con los encargados, pasarían a la órbita del gobierno provincial y a tener sueldos acordes con el resto de la administración.
También, Ciciliani firmó un pedido de informes pidiendo al ministerio de Justicia (conducido por Julio Alak) para que explique cuánto dinero ingresó en el último año en concepto de registros y dónde fueron destinadas estas partidas, ya que la información no se encuentra en ningún registro público o privado.
Y pregunta cómo se los controla y fiscaliza a los encargados de registro, si existe un cálculo del monto que perciben por los trámites, y con qué criterios se determinan los aumentos en los aranceles.
Tanto el proyecto de ley como el pedido de informes pretenden transparentar un sistema que hace tiempo es sospechado de discrecionalidad y corrupción de todo tipo.
Los encargados de registro son nombrados por el ministerio de Justicia de forma discrecional. ¿Cuánto ganan por este registro? Según un cálculo realizado por el mencionado sitio, si se vendieron un promedio de 800.000 autos en 2011 -según los datos de los concesionarios y que consta en el proyecto- a un valor promedio por unidad de $100.000, cada arancel es del 1%, o sea $1000 por auto, resultan $800 millones de pesos por año.
Según los cálculos de los asesores de la diputada del Frente Amplio Progresista, de esos 800 millones alrededor del 80% va para los encargados de registro, que son 1570 en todo el país.
"El registro del automotor es una actividad millonaria. Una función que el Estado delega en un particular que suele ser un amigo del funcionario que tiene ese registro", finalizó Ciciliani.
# La tentación de la caja
El manejo discrecional de los registros del automotor ha sido siempre terreno de la codicia en los diferentes gobiernos.
La hoy ministra de Seguridad, Nilda Garré, obtuvo el registro número 57 de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, en 1997. Hoy, goza de licencia y su registro está 'a cargo' de otra persona, pero el nombre de ella puede percibirse como "profesional de registro automotor".
Marcela Menem, sobrina del ex presidente, tiene la titularidad del registro 61 del territorio porteño. Pero la Corte Suprema rechazó su pedido cuando quiso ejercer también un cargo en el Senado, como asesora de su tío.
La familia Bielsa, histórica familia peronista de Rosario, obtuvo el manejo de un registro del automotor en Santa Fe, en 1989 también durante el menemismo.
Ahora, la agrupación de Máximo Kirchner encontró la veta para una “militancia por el proyecto” en los generosos registros del automotor.
