Además, denunciaron que la "persecución política, judicial y mediática a la que es sometida" tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
Entre los funcionarios firmantes se encuentran los ministros de Justicia bonaerense, Julio Alak; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós; y las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós.
También suscriben la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; la titular del Sedronar, Gabriela Torres; la directora del Banco Provincia, Juliana di Tulio; así como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
Adhieren asimismo legisladores y referentes como el titular del Frente Patria Grande, Juan Grabois; el diputado nacional Eduardo Valdés; la presidenta de Télam, Bernarda Llorente; la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, el padre Francisco "Paco" Olveira (Cura en Opción por los Pobres), José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos Humanos), la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns, entre otros.
"Para quienes suscribimos esta carta, personas dedicadas a la función pública en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales nacionales y provinciales, referentes políticos, dirigentes sociales y sindicales, profesionales y personas comprometidas con los derechos humanos y la democracia, la libertad de Milagro es urgente", especificaron.
Luego de la presentación de la carta, fue el dirigente Juan Grabois que opinó sobre la situación de Sala. Para él, la dirigente social está presa "por mujer, india y negra".
"No solo la tienen presa por mujer, negra e india, sino que destruyeron una gran obra de vivienda a favor del pueblo pobre", dijo Grabois en su cuenta de Twitter.
Y además, agregó: " a cinco años de la detención política de Sala en Jujuy, sigue reinando la arbitrariedad y el despotismo".
Milagro Sala cumple arresto domiciliario desde el 2018 por varias condenas por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Entre esas penas está el expediente conocido como “Pibes Villeros”, por la que recibió una condena de 13 años de cárcel por el desvío de $60 millones originalmente destinados a la construcción de viviendas sociales.
