Sostiene el texto que para el reparto entre los trabajadores "sólo podrá afectarse el rédito neto obtenido en cada ejercicio anual" y que una vez determinada la cantidad total que cada empresa debe distribuir entre sus trabajadores, "el importe se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual tomando en consideración el número de días trabajados por cada trabajador y la segunda se repartirá de acuerdo a las remuneraciones devengadas por cada trabajador durante el año en cuestión", fundamentó en su proyecto, el titular del bloque de la UCR de la Cámara de Senadores, Luis Naidenoff.
La iniciativa está en consonancia con el reclamo que desde hace un par de años lleva adelante la CGT, y que se estancó tras el enfriamiento de las relaciones entre Hugo Moyano y el gobierno nacional, que llevó a que el oficialismo "cajoneara" el proyecto que en su momento presentara el diputado Héctor Recalde.
La iniciativa de Recalde alcanza en principio a las empresas que tengan más de 300 empleados y un nivel de rentabilidad. Pero gradualmente irá extendiéndose:
>A los 2 años llegará a aquellas empresas que tengan hasta 100 trabajadores.
> A los 3 años todas las compañías deberán acatar el reparto de ganancias entre sus empleados.
> La distribución será calculada sobre la utilidad anual, descontando el pago de impuestos y las inversiones.
> El monto a repartir será del 10 por ciento de todas las ganancias.
Asimismo establece que la proporción de ganancia que corresponderá a cada trabajador se determinará en base a la antigüedad, la categoría de convenio y el nivel salarial, quedando excluidos los directivos y gerentes de las empresas.
La distribución de ganancias se concretará una vez por año fiscal y tendrá carácter no remunerativo, con lo cual estará exceptuada del pago de aportes y contribuciones patronales, y no será contemplada sobre la base salarial sobre la que se computa el pago del impuesto a las Ganancias.
Se fija que una parte del monto de ganancias a distribuir será destinado a crear un fondo solidario que financiará programas de asistencia o ayuda a trabajadores en negro y desocupados que perciben la asignación universal por hijo.
Se creará un Consejo Nacional de Participación Laboral, que funcionará como autoridad de aplicación de la ley, en la órbita del Ministerio de Trabajo. Se trata de un organismo conformado por representantes del Poder Ejecutivo, de las entidades empresarias y los trabajadores, que podrán fiscalizar los números de las compañías.
Una de las funciones principales del Consejo será fijar un mínimo de ganancias a partir del cual se aplicará la ley.
Un 5 por ciento del total de las ganancias que se distribuyan entre los empleados será destinado a la creación de un "Fondo Solidario". El 95 por ciento restante del monto a dividir será repartido de forma "proporcional" a los días trabajados y según lo que cobre cada empleado, es decir, que el que gane más recibirá un porcentaje mayor.
Esta ley plantea ciertas excepciones, que involucran a aquellas empresas que no deberán repartir ganancias. Por dos años no se sumará a las compañías que tengan menos de dos años de antigüedad, las cuales recién deberá acatar la medida cuando cumpla los dos años de actividad.
Tampoco deberán repartir sus utilidades "durante los primeros cuatro años de aplicada la ley" las empresas que se dediquen al rubro de "bienes o servicios nuevos".
Quedarán exentas de dividir sus ingresos las fundaciones privadas con personería sin fines de lucro y las asociaciones cooperativas
