En los extensos fundamentos del proyecto que abarcan casi 60 páginas , Carrió escribió:
"La expropiación garantiza impunidad a Repsol, y la intervención “premia” a quienes avalaron el “vaciamiento”, y garantiza impunidad a los funcionarios partícipes del mismo".
También consideró:
"El acto de expropiación pretendido en sí, se convierte en una forma de garantizar impunidad, por un lado, a los funcionarios, que de este modo encubren sus propias participaciones en aparentes medidas de “salvataje” (tardío, por cierto); por el otro, a los empresarios inescrupulosos que no han recibido las sanciones debidas por parte del Estado, como consecuencia de sus inconductas y de los ilícitos perpetrados al frente de nuestra petrolera".
Más Carrió:
> "Todo lo señalado precedentemente, torna al menos arbitraria por irrazonable, la decisión conjunta tomada por el PEN mediante DNU, de nombrar al frente de la intervención de YPF, al mismísimo Ministro De Vido, quien ha sido una de los máximos responsables del estado de situación de la empresa; en el mejor de los casos, por negligencia"
> "Además, con dicho ministro –o cualquier otro dependiente del PEN- al mando de la intervención, se garantiza la impunidad de todos los funcionarios a quienes nos referimos que debieron controlar y evitar el vaciamiento de la empresa y la dilapidación de nuestras reservas de energía".
> "En tanto, en oportunidad del ejercicio de su cargo, se facilita al mismo, el acceso directo a toda la información y documentación sensible, así como a su “extravío”, destrucción, adulteración, etc. Circunstancia que sin dudas, será aprovechada en pos de mejorar su situación y la del resto de los funcionarios intervinientes en todo el proceso cuestionado, frente a las ineludibles responsabilidades que buscamos se determinen y se asuman, de cara a la sociedad toda y en su hora, frente a la Justicia".
> "Por otro lado, un simple rechazo del proyecto que promueve la expropiación, implicaría una conducta pasiva de nuestra parte, respecto del “vaciamiento”, que entendemos que efectivamente existe y venimos denunciando incansablemente, así como respecto de la crisis energética que presenta el sector. Resultando, a nuestro juicio, la mejor medida para este momento, la de realizar un estudio serio y profundo del caso, a través de la intervención del Parlamento y de expertos, por fuera del Poder Ejecutivo, contaminado por sus propios intereses".
[ pagebreak ]
El proyecto de Carrió:
Artículo 1°: Atento los hechos denunciados por la Señora Presidente de la República, Cristina Fernandez de Kirchner, y por el Viceministro de Economía, Axel Kiccilof, y teniendo en cuenta el Expediente N° 3518/2006, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 7; la Cámara de Diputados instruye al Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, a formular denuncia penal en cumplimiento de la obligación prescripta por el art. 177, inc. 1º, C.P.P.N., por el “vaciamiento” de la empresa YPF S.A., producido mediante su descapitalización y conductas “predatorias” en perjuicio de las reservas de gas y petróleo, así como la “manipulación” del valor de sus acciones, mediante la comisión de delitos criminales tales como de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 C.P.), fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 C.P.), violación de deberes de funcionario público (arts. 248 y 249 C.P.), asociación ilícita (art. 210 C.P.), cohecho (art. 256 C.P.) crímenes en contra del orden económico y financiero (Título XIII de Libro Segundo del Código Penal –arts. 307, 309 y concordantes-), delitos de evasión fiscal, lavado de activos -Ley 25.246- y/o el encubrimiento de los mismos, en virtud del art. 277, inciso 1.d, con la agravante prevista por el inciso 3. D. En contra las autoridades de YPF S.A., a saber: el Presidente Antonio Brufau Niubó; el Vicepresidente Enrique Eskenazi; los integrantes del Directorio, sus actuales Directores: Roberto Baratta, Mario Blejer, Aníbal Guillermo Belloni, Carlos Bruno, Carlos de la Vega, Matías Eskenazi Storey, Salvador Font Estrany, Federico Mañero, Javier Monzón, Miguel Ángel Devesa, Luis Suárez de Lezo, Mario Vázquez, Raúl Cardoso Maycotte, y los que ocuparan dichos cargos en los períodos anteriores, desde la privatización de la empresa; los miembros de la Comisión Fiscalizadora, los actuales: Silvana Rosa Lagrosa de Rodríguez, Juan Andrés Gelly y Obes, Santiago Carlos Lazzati, Israel Lipsich, Carlos María Tombeur, y los que ocuparan dichos cargos en los períodos anteriores, desde la privatización de la empresa; de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, Cristina Fernández de Kirchner; del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; del Secretario de Energía de la Nación, Daniel O. Cámeron; del Viceministro de Economía, Axel Kicillof; de todos los Ministros del PEN que suscribieran el Decreto N° 530/12, a saber: Juan M. Abal Medina (Jefe de Gabinete), Aníbal F. Randazzo, Nilda C. Garré, Hernán G. Lorenzino, Débora A. Georgi, Julio C. Alak, Carlos A. Tomada, Alicia M. Kirchner, Alberto E. Sileoni, José L.S. Barañao, Juan L. Manzur, Héctor Timerman, Carlos Meyer; y toda aquella persona que hubiera participado y/o avalado los ilícitos denunciados.
En tanto en los otros dos artículos postula:
Artículo 2°: Créase en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, una Comisión Especial Investigadora que tendrá como objeto el análisis, evaluación e investigación de hechos referentes a irregularidades y posibles ilícitos cometidos en el ámbito del sector privado o público, y la relación de complicidad y/o falta de control por parte de los diferentes organismos competentes del Estado en lo relativo al tratamiento de la matriz energética, especialmente respecto de la venta de parte de YPF S.A. y la creación de la petrolera ENARSA. Comisión Investigadora que tiene su antecedente en el proyecto de resolución N° 5812-D-2007.
Artículo 3°: Créase en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, una Comisión que tenga por objeto evaluar la política energética llevada a cabo por el Estado Nacional, con participación de expertos en la materia, y elaborar un programa energético de coyuntura, para el mediano y largo plazo; que en todos los casos, tenga en consideración especialmente, la inclusión de fuentes de energía alternativas “eco-ambientales”. Dicha comisión tendrá un plazo de tres meses desde su creación, para fijar las decisiones fundamentales de política energética a seguir en el corto plazo.
