En esa nota, el funcionario europeo señalaba que "la situación actual está en un punto en que corre riesgo de poner en peligro nuestras relaciones comerciales y de inversiones", de acuerdo a lo informado hace varios días en agencias internacionales.
En este mismo lunes, el canciller negó haber recibido una carta de la UE. Al ser consultado tras llegar a la Argentina, dijo que "no existe ninguna carta", y destacó que "ya estamos acostumbrados a que la Unión Europea haga anuncios que después no concreta".
Por otro lado, respecto al tema YPF, el ministro de Planificación Federal e interventor en YPF, Julio de Vido, resolvió este lunes suspender "hasta nuevo aviso" la convocatoria a la asamblea general ordinaria de YPF, prevista para el miércoles 25 de abril.
Así lo informó el propio De Vido a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en una nota en la que explicó la suspensión de la asamblea "a fin de garantizar la regularidad de dicho acto y proteger el interés de la sociedad, de sus accionistas y la transparencia en la oferta pública".
La convocatoria a la asamblea había sido formalizada por la anterior conducción empresaria.
La suspensión de la asamblea representa un trámite formal que la Intervención está obligado a llevar a cabo en tanto la empresa cotice en la Bolsa de Comercio y tenga, en consecuencia, el "deber de informar" medidas de importancia que puedan afectar a accionistas y eventuales inversores.
Entre otros puntos, en la asamblea agendada para el miércoles 25 se iba a tratar el balance del último ejercicio y el destino de las utilidades acumuladas, previéndose una capitalización parcial por $5.789 millones, según lo acordado en una reunión de directorio que a mediados de marzo estuvo comandada por el máximo representante de Repsol, Antonio Brufau.
Sin embargo, hace una semana el Gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones que la empresa española tiene en YPF, y dispuso su inmediata intervención a cargo del ministro de Planificación, Julio De Vido.
