Hormachea denunció que luego de la intervención ingresaron "empresas contratistas" para realizar obras en la línea "mientras a los compañeros los dejan sin hacer nada".
El delegado también aseguró que antes de la salida del exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, TBA recibió una partida de $500 millones, para las obras correspondientes a las formaciones de doble piso y para "obras atrasadas que no sabemos cuáles son".
Por otro lado, Hormachea confirmó que hay funcionan "entre 4 y 5 formaciones menos por día", lo que ralentiza el funcionamiento del servicio. "La situación no es favorable", aseguró el gremialista.
La intervención
Si bien el delegado contó que no han tenido "notificación" respecto a la continuidad o no de la intervención de la empresa, ésta se renovaría automáticamente hasta que finalicen los peritajes que está llevando acabo del juez de la causa, Claudio Bonadío.
De acuerdo a lo que señala el diario El Cronista Comercial, la Resolución 199/2012 establece que "esta medida cautelar debe ser provisoria y transitoria, por el plazo de 15 días". Pero luego agrega: "O hasta tanto se substancie el proceso penal por la causa de marras, en trámite".
Una "fuente oficial" citada por el matutino señaló: "Se prorroga automáticamente y por lo menos, seguirá un mes más, hasta que terminen todos los peritajes judiciales".
Por su parte, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) cuestionó la intervención oficial por innecesaria. "El Estado ya contaba y cuenta con suficientes medios legales a su disposición para cumplir con el objetivo declarado de asegurar la continuidad y regularidad del servicio público y garantizar la seguridad de los usuarios", señala el documento citado por el diario La Nación.
"La intervención de la empresa aparece como un acto exorbitante en las funciones administrativas, sin el respaldo de un reconocimiento estatal, ni información pública efectiva sobre las condiciones extremas, y diferentes a las de los últimos diez años, que la harían necesaria", opinó la ACIJ.
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La causa
En el marco de la causa que investiga el accidente, el juez federal Claudio Bonadío les prohibió la salida del país al exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de TBA.
El magistrado fijó este martes un plazo de 30 días para concluir las pericias contables sobre los subsidios e ingresos por pasajes que recibió TBA desde 2007 y el destino que recibieron esos fondos.
Por otra parte, fuentes citadas por la agencia Noticias Argentinas señalaron que la defensa del motorman Marcos Córdoba, el cual conducía la formación de TBA que chocó al llegar a la estación Once, presentó al juez un "sumario interno de Ferrocarriles Argentinos hoy TBA", en donde se investigan varios accidentes ferroviarios.
En ese sumario se hizo referencia a un choque en el ramal Tigre/Retiro, en la cual la formación chocó a 31 Km por hora contra los paragolpes hidráulicos que funcionaron y hubo 31 heridos y ningún muerto. El caso fue presentado como uno similar al de Once, ya que en este caso la velocidad la formación circulaba a cinco kilómetros de velocidad menor.
En tanto, Bonadío dispuso este miércoles la aplicación de una multa de $1.000 sobre el interventor oficial en la empresa, Raúl Barido, en caso de que no se cumpla con la orden de prohibir la circulación de formaciones que no tuviesen sellados los accesos a los usuarios de las "cabinas auxiliares".
Fuentes judiciales citadas por el sitio Infobae.com confirmaron que el juez libró un oficio al interventor de TBA que dice que "atento al incumplimiento de lo dispuesto por este Tribunal el pasado 6 de marzo del corriente año, a partir del día de la fecha se le aplicarán astreintes (multas) diarias por la suma de un mil pesos".
La resolución fue adoptada en el marco de la causa en la que se investiga la tragedia ferroviaria de Once, luego de personal del juzgado se constituyó este martes (13/3) "sorpresivamente" en las estaciones de Retiro y Once donde "constataron trenes entrantes y salientes que no tenían selladas las ‘cabinas auxiliares’", según relataron las fuentes.
Dicha sanción se aplicará "si todas las formaciones en circulación de las líneas Mitre y Sarmiento no tienen las ventanillas de las cabinas auxiliares debidamente selladas impidiendo el ingreso de persona alguna, y cerrados y clausurados todos los posibles lugares de acceso a los vagones que no se encuentren debidamente habilitados".
Bonadio también le ordenó al interventor de TBA que "deberá quitar de circulación" los coches 2301 de la formación cinco y 1516 de la formación H de la línea Mitre y el coche 2197 de la formación ocho de la Sarmiento "hasta tanto se cumpla" con lo indicado, señalaron las fuentes consultas.
La semana pasada, el juez ordenó que no se permita la circulación de formaciones que tienen vagones con las "cabinas auxiliares" que no estén selladas, de acuerdo a una declaración del padre del joven Lucas Menghini Rey quien relató haber filmado más de una decena de trenes en esas condiciones.
Las peleas entre el juez y el fiscal
El juez Bonadío instó al fiscal Federico Delgado, quien lo viene criticando duramente porque supuestamente no le da vista del expediente judicial por el choque del tren de TBA, a "evitar situaciones conflictivas" y aseguró que "desde el inicio de la causa" el expediente está a su disposición.
Fuentes judiciales citadas por la agencia NA informaron que el magistrado dictó una resolución luego que en los últimos días el fiscal Delgado lo acusara de apropiarse del expediente en términos muy duros y poco vistos en los Tribunales.
En ella, Bonadío aseguró a Delgado que el expediente "se encuentra a su entera disposición" y lo instó a "evitar situaciones conflictivas como las ya ocurridas en autos que dificulten el normal trámite del presente expediente".
La respuesta del juez fue al correrle vista al fiscal Delgado para que dictamine sobre si da o no autorización de salir del país a uno de los empresarios investigados, y quien junto con el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y los Cirigiliano, a cargo de la concesión de TBA, lo tienen prohibido por decisión judicial.
Bonadío aseguró que tanto el fiscal como "las restantes partes" tienen acceso al expediente, y que esa "situación se mantiene desde el inicio de la causa".
