legislativo. Antes de la suspensión del viaje, durante la tarde estallaban las redes sociales con críticas por la llegada del vicepresidente a
Tucumán, para inaugurar junto a Alperovich el "Monumento a la corrupción", como denominan algunos críticos al lujoso edificio de la nueva Legislatura.
Respecto del caso, las últimas informaciones apuntan al fiscal federal
Carlos Rívolo quien dijo ayer que está “
medianamente claro” que hay “
vinculaciones al menos de amistad” entre los principales protagonistas del caso Ciccone: el vicepresidente Amado Boudou; su socio,
José María Núñez Carmona; y
Ajejandro Vandenbroele, el director de la sociedad que maneja la ex Ciccone Calcográfica, según informa
Clarín. Y describió como “
coherente” al relato de la denunciante Laura Muñoz, ex esposa de Vandenbroele, quien había acusado a éste de ser “testaferro” de Boudou.
Rívolo aclaró además que está “asentado” que existe una relación comercial entre Boudou y Núñez Carmona, algo que ellos nunca negaron, pero que toma relevancia en palabras del fiscal debido a que aclaró que ese vínculo estaba relacionado al “caso puntual de como se produce el levantamiento de la quiebra de Ciccone”.
Pero los dardos también apuntaban a la cuestionada empresa Ciccone, que salió
a defenderse con una solicitada en la que señaló que las acusaciones en su contra son
"infundios y mentiras".
Además, confirmó que el empresario Alejandro Vandenbroele es "director" en la empresa, denominada "Compañía de Valores Sudamericana S.A." (CVS) tras la quiebra de Ciccone, y que fue a partir de la "ayuda invalorable de amigos, socios y allegados comerciales" que se consiguieron "los recursos económicos financieros y profesionales" para recuperarla.
La solicitada, que apareció hoy en matutinos porteños como El Cronista Comercial, BAE y Ámbito Financiero, fue firmada por Guillermo Reinwick en su calidad de "accionista controlante" de CVS tres semanas después de que el diario Clarín revelara que el Gobierno quiere que la ex Ciccone imprima billetes de cien pesos, quien prometió que irá "a la Justicia" para obtener la reparación de los daños" que se les habría causado.
Ello, tras una denuncia de Laura Muñoz, ex mujer de Vandenbroele, quien aseguró que éste es "testaferro" del vicepresidente Amado Boudou.
Reinwick, yerno de Nicolás Tadeo Ciccone, dueño histórico de la firma que llevó su nombre, subrayó que esa versión, y la de un presunto intento de favorecer a la calcográfica es "una serie de infundios y mentiras" que se difunden para "perjudicarla".
"El 15 de julio de 2010 el juez comercial (Javier Cosentino) actuante en el concurso preventivo de nuestra empresa, cuyo acuerdo de acreedores se hubiera homologado en el año 2005, decretó la quiebra de nuestra compañía de la AFIP", a raíz de una deuda de 240 millones de pesos, sostuvo Reinwick.
El empresario reveló que como "los tiempos urgían", se abocó a conseguir "recursos económicos" para "recuperar la empresa", y que entre los profesionales a los cuales recurrió estaba Vandenbroele, que "proveyó las estructuras jurídicas necesarias para lograr el levantamiento de la quiebra y así poder conseguir el financiamiento necesario".
"Vandenbroele reviste en las sociedades un cargo de director, por el cual cobra honorarios de director. No es accionista, ni dueño, ni controlante de ninguna de las sociedades involucradas", aclaró Reinwick, que remarcó a la vez que es "falso" que el empresario tenga la "propiedad de los fondos que resultaron invertidos" en la empresa para levantar la quiebra.
En la solicitada CVS aseguró que "los fondos invertidos en nuestra empresa resultan de la asistencia financiera que hemos logrado obtener, como podremos acreditar en debida forma ante las autoridades correspondientes".
Según la hipótesis inicial, el vicepresidente y sus amigos habrían intervenido en la compra de la empresa quebrada, que más tarde obtuvo el apoyo técnico de la Casa de la Moneda para imprimir billetes de cien pesos, negocio valuado en unos 50 millones de dólares.
Reinwick calificó de "llamativos" los dichos de Laura Muñoz y, tras asegurar que es "imposible que entre las pruebas que dice tener exista algo vinculado a CVS", dijo que se cuestiona "sin fundamento a la casi totalidad de los estamentos del Estado, desde el Poder Ejecutivo: AFIP, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Secretaría del Interior, Banco Central, Casa de la Moneda, e incluso el Poder Judicial".
"El brutal manto de sospecha arrojado sobre nuestra empresa afecta su imagen (...) y empieza a erguirse como un serio obstáculo para el desarrollo de sus habituales actividades. Por ello, esclarecidos que sean estos hechos, promoveremos ante la Justicia las acciones legales correspondientes", prometió el empresario, controlante de la firma The Old Fund, titular ésta del 70 por ciento de las acciones en CVS.
La causa
En tanto, aún se debate que juez se quedará al frente de la causa.
La Fiscalía se opondría a que el juez federal Norberto Oyarbide se haga cargo de la investigación. Según indicaron fuentes judiciales, el fiscal Jorge Di Lello le pedirá al juez Oyarbide que certifique cuál es la causa más avanzada por la quiebra y venta de la imprenta Ciccone Calcográfica.
Ocurre que Oyarbide recordó que en diciembre había recibido la denuncia de un particular, llamado Jorge Pacífico, para investigar esos hechos, pero hace unas semanas -ante la repercusión periodística del caso- se radicó una investigación similar en el juzgado del juez Daniel Rafecas, donde se denuncia directamente al vicepresidente.
Delegada esa causa en manos del Ministerio Público, el fiscal Carlos Rívolo ya solicitó una serie de documentación oficial sobre la quiebra de la firma que aún no había llegado hasta hoy a su despacho, indicaron fuentes judiciales.
Se trata del expediente solicitado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la quiebra, la causa que llevó adelante en el 2001 el juez comercial Javier Cosentino, disposiciones de la Secretaría de Comercio Interior y presentaciones en la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de Contrabando (UFITCO).
Ahora, el fiscal Jorge Di Lello tiene que pronunciarse sobre la posibilidad de que Oyarbide se haga cargo de la causa, pero fuentes del caso que la intención del funcionario es que la investigación quede en manos de su colega.
En ese marco, le pedirá al juzgado que certifique cuál es la causa más antigua y cuál está más avanzada. El Código de Procedimiento Penal habilita a que ante denuncias similares el juez más antiguo es quien se queda con la causa (en este caso Oyarbide), pero también se advierte que la causa deberá quedar en manos del que haya avanzado más en la pesquisa (Rafecas).
