La Oficina Anticorrupción decidió no acusar a vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en el juicio por la obra pública, causa que investiga el direccionamiento de los contratos en favor del empresario Lázaro Báez.
La decisión se conoce a menos de un mes de que comiencen los alegatos, y en ese sentido, la Oficina Anticorrupción anunció este martes 14/06 que renuncia a su rol como querellante y no acusará a la vicepresidenta.
“No habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante”, indica la nota que envió el organismo que encabeza Felix Crous al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
Según la investigación, la empresa de Lázaro Báez habría sido beneficiada con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz, por más de $46.000 millones.
Cabe destacar que la Oficina Anticorrupción llevó adelante desde 2016, cuando estaba a cargo de Laura Alonso, la querella contra la CFK.
El juicio tiene 13 acusados, entre ellos a Cristina Fernández de Kirchner, procesada como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al favorecer con millonarios contratos a Austral Construcciones.
Además de la exmandataria y el empresario K, fueron procesados Julio De Vido (exministro de Planificación Federal), José López (exsecretario de Obras Públicas K), y Carlos Kirchner (primo del fallecido exPresidente), entre otros exfuncionarios.
Si bien la acusación está garantizada por parte de la fiscalía en el juicio, lo que implica esta noticia en términos políticos es que desde el Gobierno se decidió no acusar formalmente a la vicepresidenta y luego de una querella que había iniciado en 2016.
Tiempo atrás el organismo se había bajado de la acusación a otros juicios contra la Vicepresidenta, como ser el de lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces. En ese sentido, fue en mayo del 2020, cuando decidieron retirar su acusación por lavado de dinero contra la familia Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces.
El argumento que esgrimió la OA es que ha incrementado sus recursos en los juicios que se siguen por hechos de corrupción y su nuevo perfil es el de la prevención en las distintas áreas.
El juicio en cuestión, comenzó el mayo de 2019 y ya lleva tres años, es uno de los más largos de los últimos años y su veredicto se estima será o bien para fines de este año o para el 2023, un año cargado políticamente por las elecciones presidenciales.