Cramdown abierto
El fallo actual, además de confirmar los puntos centrales de la resolución de Lorenzini, instruye al juez a reordenar algunos aspectos técnicos del fallo original. Se trata de un paso clave en medio de un proceso judicial que lleva más de cuatro años y que se ha caracterizado por idas y vueltas en diferentes instancias judiciales, incluyendo la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe.
La negativa inicial de Lorenzini a aprobar el pacto propuesto por Vicentin abrió un complejo camino legal que incluyó la suspensión temporal del cramdown por parte de otra cámara y una prolongada revisión por la Corte santafesina, que finalmente devolvió el expediente a una instancia inferior.
A partir de una impugnación presentada por el acreedor Commodities SA (vinculado al Grupo Grassi), el máximo tribunal provincial rechazó el acuerdo de acreedores y habilitó el avance del cramdown.
Tras esta decisión, cualquier empresa interesada tendrá un plazo de 10 días para presentar una propuesta de adquisición de la compañía. Entre los posibles candidatos figuran el Grupo Grassi, los socios estratégicos originales de Vicentin (Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas), así como los propios accionistas de la firma.
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Este reciente fallo representa un nuevo revés para la agroexportadora en su proceso de reestructuración.
En paralelo a esta resolución, dos semanas atrás, Vicentin había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un intento por revertir el fallo de la Corte de Santa Fe que había rechazado su recurso extraordinario federal.
En dicha presentación, la compañía había advertido sobre la incertidumbre que generaría la apertura del cramdown mientras el expediente aún tiene cuestiones pendientes en la Corte nacional.
"Ambas instancias no deberían avanzar en conjunto". "Ambas instancias no deberían avanzar en conjunto".
El resultado del cramdown será clave para definir el futuro de una de las empresas más emblemáticas del sector agroindustrial argentino.
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