Macri fue notificado sobre su citación recién el 6/10 después de que el juez enviara varios oficios a diferentes domicilios por no poder constatar dónde estaba residiendo.
El juez Bava -que subroga el juzgado que comandó Alejo Ramos Padilla- busca determinar si desde el gobierno de Mauricio Macri se pretendió controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018. La denuncia había sido motorizada por la interventora Cristina Caamaño.
En la misma resolución en la que fue llamado a indagatoria Macri, fueron procesados los ex directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a un grupo de autoridades y espías de la AFI.
A Mauricio Macri se le imputan seis hechos, en donde se reportan fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos, infiltraciones en marchas y testimonios. A criterio de Bava, esas diligencias no guardaban relación con la seguridad del entonces presidente sino que se trataban de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública frente a los planteos que hacían los familiares de los tripulantes del Ara San Juan.