El blindaje como opción
Con la Copa del Mundo en puerta, evento que suele ser tomado como un “oasis” para la política en términos de exposición pública, el gobernador Llaryora estaría enfrentado entonces a una disyuntiva compleja: blindar su gestión y sostener a sus funcionarios cueste lo que cueste, o optar por un reinicio justo a tiempo para encarar con mejor salud política el 2027 decisivo.
En caso de extender la contención vigente más allá del corto plazo, Llaryora habría optado por blindar su administración. Esta estrategia, común en los tiempos que corren para la política, implicaría el sostenimiento de cada uno de los funcionarios cuestionados como elementos centrales y la disposición a absorber un eventual impacto electoral.
Entre los más apuntados por la crítica estaría el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien fue objetivo de los principales dardos opositores por su rol en la investigación inicial.
Para Llaryora, la gestión de Seguridad es uno de los puntos más sensibles, de tal modo que el costo político de una eventual eyección de su titular adentraría al Gobierno provincial a una autocrítica sin precedentes.
Ahora bien, salvarse de ese terreno desconocido también expondría al PJ cordobés a los efectos que ya sufrió la Casa Rosada con el caso Manuel Adorni. Esto implica una importante erosión en la imagen de la cabeza de la gestión (Javier Milei), afectando de manera directa la potencia electoral del oficialismo.
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Juan Pablo Quinteros, el punto más sensible del cuesitonamiento para el Gobierno de Córdoba.
Un cambio justo a tiempo
La otra opción que el escenario dispuso para Llaryora es el avance en una reestructuración importante. Una maniobra que tendría costo político pero que podría brindar la dinámica de gestión necesaria para llegar al 2027 con competitividad, en medio de un escenario complejo desde lo fiscal para las administraciones provinciales.
En la historia, el recuerdo inmediato a un accionar similar remonta la crónica policial al caso de los bebés asesinados en el Neonatal (2022). En aquella oportunidad, y una vez destapada la trama de errores oficiales que desataron la tragedia múltiple, el por entonces gobernador Juan Schiaretti ordenó bajar de su cargo al ex ministro de Salud, Diego Cardozo.
El médico, que quedó imputado en la causa oficial instruida por el fiscal Raúl Garzón (mismo del caso Agostina) y más tarde fue absuelto, llegó a ese punto con un enorme crédito político por haber controlado aceptablemente la crisis desatada por el Covid-19. Aún así, Schiaretti ordenó su salida y redujo los efectos del escándalo que salpicó al oficialismo.
Más profunda aún fue dicha reestructuración si se tiene en cuenta que Schiaretti también ejecutó, para ese entonces, la salida de su ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. El funcionario llegó altamente erosionado por la cuarentena obligatoria, y en particular por el caso Blas Correas, el joven asesinado en manos de la Policía de Córdoba en un control vehícular.
Con ese último registro, la posibilidad de cambiar justo antes del periodo electoral no luce descabellada para un Llaryora que intentará renovar su mandato ante rivales, por ahora desconocidos.
Agostina Vega
Agostina Vega, la niña violada y asesinada en Córdoba.
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