Por su parte, Mena -otro de los cercanos a la ex mandataria- dijo que le "parece bien" la marcha convocada contra los integrantes del máximo tribunal y consideró que "los poderes" del Estado deben saber "cuál es su límite".
Caamaño a su turno respaldó la movilización al Palacio de Tribunales y afirmó que "es más que necesaria" porque hay que "terminar con la corporación judicial que son parte del lawfare".
"Estoy de acuerdo con la movilización, porque la va a hacer el pueblo, la gente, a la que la Justicia habitualmente le da la espalda", sostuvo la directora.
Por otra parte, la lista de dirigentes afines al Frente de Todos que confirmaron su participación en la marcha se fue extendiendo con el correr de los días e incluye, entre otros, al secretario adjunto de Camioneros y cotitular de la CGT, Pablo Moyano.
En el ámbito gremial también confirmaron su presencia en la marcha del martes los integrantes de la Corriente Federal que lidera el bancario y diputado oficialista, Sergio Palazzo, así como también el legislador y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
Condenados por la Justicia
Muchos de quienes asistirán a la manifestación contra la Corte Suprema o apoyan la iniciativa en redes sociales, la Justicia les tiene puesta o ha puesto la lupa en alguna oportunidad.
Por ejemplo, Luis D' Elía, quien fue condenado a cuatro años de cárcel y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004. La Corte Suprema confirmó, el año pasado, la condena, quien tiene libertad condicional.
También está el caso del juez Juan Ramos Padillla, ya que su hijo, Alejo Ramos Padilla, está imputado en el caso del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
Otro que apoya la marcha contra la Corte Suprema es el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a quien el juez Claudio Bonadio lo procesó en la causa que investiga irregularidades en los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013-2015, por $ 600 millones.
A su vez, el gremialista Hugo Moyano está siendo investigado luego de que la diputada Graciela Ocaña lo denunció por supuesto enriquecimiento ilícito hace tres años pero la causa sigue sin definición.
También figura la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a quien la jueza María Servini le dictó la falta de mérito en la causa en que se investiga la filtración de un informe secreto con los nombres de más de dos mil espías y analistas.
Por último, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, fue fue sobreseído en la causa por el supuesto encubrimiento de cinco iraníes acusados como autores intelectuales del atentado a la AMIA. Pero el sobreseimiento aún no está firme.
