Si bien el Gobierno cuenta con consenso general para aprobar la norma, el Capítulo 7 —que crea nuevas figuras penales por "injerencia extranjera" y exige una mayoría especial de 129 votos— enfrenta resistencias en bloques dialoguistas como la UCR y Provincias Unidas. Por ello, se evalúa la votación por capítulos.
El oficialismo busca aprobar la norma antes del 28 de noviembre, fecha en la que se espera el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (con sede en Hamburgo) en torno al proyecto petrolero Sea Lion.
El polémico capítulo 7
El asunto se conversó con detenimiento en una reunión a puerta cerrada que se desarrolló en el despacho de la Presidencia de la Cámara baja, que tuvo a Bornoroni, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado (esta última de forma virtual) por parte del oficialismo, y a referentes de los bloques del PRO, UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otros bloques menores.
El Gobierno mandó a la subsecretaria de Planeamiento Normativo, Paula Taddei, quien reporta a la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibárzabal Murphy, a tomar nota de los reclamos.
La funcionaria escuchó al misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), a la radical bonaerense Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y a la santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas), quienes pidieron expresamente eliminar o al menos modificar profundamente el capítulo 7.
En cambio, el PRO se comprometió a apoyar el proyecto plenamente, ya sea que se le apliquen modificaciones o se mantenga igual.
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