Fue directora nacional de Fronteras y Límites del Estado de la Cancillería chilena entre 1997 y 2014. Durante ese período participó en la elaboración de estrategias jurídicas sobre controversias limítrofes y marítimas. También se desempeñó como coagente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia en el litigio con Perú por la delimitación marítima.
Entre 2014 y 2020 fue embajadora de Chile en los Países Bajos y representante ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con sede en La Haya.
En 2019 fue elegida integrante del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y asumió el cargo el 1 de octubre de 2020. Su trayectoria incluye investigaciones y publicaciones sobre derecho marítimo, Antártida, fronteras y responsabilidad internacional de los Estados.
Su participación en el organismo adquiere interés por su experiencia en controversias territoriales de América del Sur, aunque el procedimiento actual no le exige pronunciarse sobre la soberanía de las islas.
Frida Armas Pfirter
La otra protagonista de esta historia es Frida María Armas Pfirter, nacida en Rosario, Santa Fe, el 30 de septiembre de 1957. Es abogada por la Universidad Católica Argentina y doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Buenos Aires.
Su trayectoria está ligada a la delimitación de la plataforma continental argentina. Entre 1997 y 2023 coordinó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), el equipo técnico y jurídico que trabajó en la determinación de los límites marítimos del país y presentó ante Naciones Unidas los fundamentos científicos y jurídicos de esa extensión.
También fue conciliadora y árbitra de Argentina en el sistema de solución de controversias de la Convención del Derecho del Mar, profesora de Derecho Internacional Público y especialista en protección de los recursos marinos.
En junio de 2023 fue elegida jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para un mandato de nueve años. El 1 de octubre de 2026 sus pares la eligieron vicepresidenta del organismo, que preside el camerunés Maurice Kamga.
Su presencia en el tribunal tiene una particularidad: conoce desde hace décadas los aspectos jurídicos y técnicos de la plataforma continental argentina, precisamente uno de los espacios involucrados en la controversia con el Reino Unido.
Qué reclama Argentina y qué debe resolver el Tribunal del Mar
El Gobierno argentino presentó el 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales para impedir que avance el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas.
La explotación está a cargo de la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Según las estimaciones de las empresas, el yacimiento contiene alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo. La campaña de perforación está prevista para 2027 y el inicio de la producción comercial para 2028.
La presentación argentina solicita cuatro medidas: impedir el inicio o la continuación de la explotación, evitar que se utilice información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, exigir el cumplimiento de las obligaciones de protección ambiental y frenar la emisión de nuevas licencias que puedan agravar la controversia.
La estrategia jurídica se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en las obligaciones de protección del medio marino. Buenos Aires sostiene que una eventual explotación puede provocar daños ambientales y afectar derechos argentinos sobre los recursos marítimos.
El Reino Unido rechaza el reclamo y sostiene que las autoridades de las islas tienen competencia para otorgar licencias y administrar sus recursos naturales.
Un punto central del procedimiento es que el Tribunal del Mar no debe resolver ahora la soberanía de las Malvinas. La controversia territorial permanece fuera del objeto inmediato de estas audiencias. El organismo debe examinar si corresponde adoptar medidas provisionales mientras avanza el arbitraje internacional iniciado por Argentina.
Las audiencias del 10 y 11 de noviembre
El Tribunal fijó dos jornadas de audiencias públicas en su sede de Hamburgo. El martes 10, Argentina expondrá sus argumentos entre las 10 y las 13, hora local, y el Reino Unido tendrá su turno entre las 15 y las 18.
El miércoles 11 habrá una segunda ronda de intervenciones: Argentina hablará entre las 10.30 y las 12, mientras que el Reino Unido cerrará las presentaciones entre las 17.30 y las 19.
El organismo también confirmó que el lunes 9 prestarán juramento los jueces ad hoc Raúl Vinuesa, elegido por Argentina, y Vaughan Lowe, designado por el Reino Unido.
La resolución sobre las medidas provisionales podría conocerse después de las audiencias. Una decisión favorable a la Argentina sería obligatoria para el Reino Unido.
La controversia reúne así tres dimensiones: la disputa histórica por Malvinas, los derechos sobre los recursos hidrocarburíferos del Atlántico Sur y las obligaciones internacionales de protección ambiental.
En ese escenario, las trayectorias de Armas Pfirter e Infante Caffi aportan un componente regional a un procedimiento que tendrá repercusiones jurídicas, diplomáticas y económicas para ambos países.
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