Ley Malvinas sin quorum: Desacuerdo por el nudo a la financiación política extranjera

El oficialismo no logró quórum para la Ley Malvinas en Diputados. El desacuerdo ronda en torno a la financiación política desde el extranjero.

Finalmente, el Gobierno no pudo avanzar con la Ley Malvinas por falta de quórum en Diputados. Con 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate, la sesión convocada para el mediodía del miércoles cayó y se llevó además la reforma del Banco Central.

Finalmente, el Gobierno no pudo avanzar con la Ley Malvinas por falta de quórum en Diputados. Con 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate, la sesión convocada para el mediodía del miércoles cayó y se llevó además la reforma del Banco Central.

Con planteos propios y ajenos en referencia a la redacción del texto y las interpretaciones posibles referidas a los cambios en inteligencia, seguridad y financiamiento político extranjero, La Libertad Avanza no pudo prosperar en la iniciativa. Ello a pesar de la introducción de modificaciones de último momento, que no lograron convencer a los aliados necesarios para hacer avanzar la sesión.

Precisamente, uno de los desacuerdos centrales rondaría el artículo 7, en el cual se prevén sanciones al financiamiento político desde el exterior. Según lo incluido en el texto, el Gobierno nacional quedaría en condiciones de desalentar el envío de recursos extranjeros para distintas organizaciones, incluyendo ONG y otro tipo de instituciones.

Respecto a esto último, el señalamiento habría surgido desde la interna de LLA, donde varios integrantes del Gobierno son además participantes de distintas organizaciones con financiación exterior. Un ejemplo de ello es la diputada Sabrina Ajmechet, quien encabeza el Foro Argentino Contra el Antisemitismo que será sede de un discurso de Javier Milei en las próximas horas.

En la oposición, mientras tanto, el principal señalamiento correría en torno al artículo 111, que daría lugar a normativas “anti China”, limitando las posibilidades de inversión de estados extranjeros en el país.

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