Qué cambia en las sanciones a las empresas que operan en Malvinas
La nueva redacción apunta a concentrar las responsabilidades en las empresas que intervengan directamente en las operaciones, ya sea como responsables del proyecto, proveedoras o accionistas con participación relevante.
De esta manera, quedarían excluidas las filiales, subsidiarias y accionistas que no tengan una intervención significativa en las actividades desarrolladas en las islas.
También se modificaría el esquema de multas económicas. Las sanciones pasarían a calcularse entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido por la actividad considerada ilegal.
Cuando no sea posible establecer ese beneficio, se aplicaría una multa equivalente al valor de entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo.
El cambio tiene una particularidad: mientras se reduce la cantidad de empresas potencialmente alcanzadas, se incrementa el monto de determinadas penalidades.
En el centro de la discusión aparece el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas e impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas.
Las posibles consecuencias para empresas relacionadas con ese emprendimiento fueron uno de los principales motivos de preocupación de la administración estadounidense.
El papel de Estados Unidos y las negociaciones con el Gobierno
Las objeciones de Washington adquirieron mayor relevancia tras la visita a la Argentina de Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado estadounidense.
En ese contexto, el Gobierno comenzó a revisar distintos artículos del proyecto, cuya elaboración original estuvo vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo.
Sin embargo, las observaciones internacionales no fueron el único obstáculo. Dentro del Congreso, el oficialismo tampoco contaba inicialmente con los apoyos suficientes para garantizar un dictamen favorable.
Por ese motivo, representantes del Ejecutivo mantuvieron conversaciones con legisladores del PRO, la UCR, el MID y otros sectores parlamentarios para incorporar modificaciones.
Entre quienes participaron de esas negociaciones estuvieron Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, la diputada Silvina Giudici y el secretario parlamentario Adrián Pagán.
El resultado fue una serie de cambios que no se limitan a la cuestión Malvinas, sino que también afectan la estructura de seguridad nacional propuesta por el Ejecutivo.
Más control del Congreso sobre las decisiones de seguridad
Otro de los aspectos que el Gobierno aceptó revisar es la composición y el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que el proyecto busca crear para coordinar decisiones estratégicas vinculadas con la defensa y la seguridad del país.
La propuesta original incluía al Presidente, funcionarios del gabinete nacional y autoridades de inteligencia, pero dejaba afuera al Ministerio de Seguridad.
Tras los cuestionamientos de distintos bloques, el oficialismo aceptó incorporar a esa cartera como integrante permanente, con el objetivo de delimitar mejor las responsabilidades entre las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia.
También se incorporaría una comisión bicameral encargada de supervisar las decisiones del nuevo Consejo. La intención es que el Congreso pueda ejercer controles sobre determinadas medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Entre las modificaciones en discusión aparece una propuesta del diputado Eduardo Falcone, del MID, para exigir autorización parlamentaria antes de ejecutar acciones militares de especial gravedad, como el derribo de aeronaves o el hundimiento de embarcaciones consideradas hostiles.
El polémico artículo sobre desinformación que despertó críticas de ADEPA
El proyecto también contempla cambios en uno de sus apartados más cuestionados: el artículo 111, relacionado con la intervención extranjera en procesos electorales y las campañas de desinformación.
La redacción original establecía penas de prisión para quienes, actuando bajo instrucciones o financiamiento de actores extranjeros, desarrollaran determinadas actividades destinadas a alterar procesos electorales o influir sobre la opinión pública.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) había advertido que la amplitud de algunos conceptos podía representar un riesgo para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Frente a esas objeciones, el Gobierno aceptó reformular el artículo para excluir expresamente la actividad periodística, la investigación académica y el debate público de las conductas alcanzadas por la figura penal.
La modificación busca evitar que una norma destinada a combatir operaciones de injerencia extranjera pueda utilizarse para perseguir expresiones legítimas o investigaciones periodísticas.
Una negociación contrarreloj para conseguir el dictamen
Con los cambios sobre la mesa, La Libertad Avanza intentará reunir las firmas necesarias durante el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores previsto para este martes.
El oficialismo considera que la iniciativa es una prioridad, pero todavía necesita consolidar el respaldo de sus aliados parlamentarios.
Desde Unión por la Patria, en tanto, plantearon que el tratamiento de las sanciones relacionadas con Malvinas debería separarse de los artículos referidos a seguridad nacional y atribuciones del Poder Ejecutivo.
La discusión también deja expuesta una dificultad para la Casa Rosada: avanzar con una legislación que presenta como fundamental para defender la soberanía argentina sin generar conflictos con Estados Unidos, uno de sus principales aliados internacionales.
Por ahora, el proyecto todavía no es ley y los cambios continúan sujetos a la negociación parlamentaria. El resultado del debate en comisiones determinará si el Gobierno logra llevar la iniciativa al recinto o si deberá continuar revisando el texto para conseguir los votos necesarios.
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