La Policía de Córdoba fue blanco de un ciberataque en las últimas horas. Según autoridades, el robo de información no fue tan profundo.
CÓRDOBA. La Policía de Córdoba fue víctima de un ciberataque en las últimas horas. Según informaron desde el cuerpo, agentes externos intentaron vulnerar la base de datos y comprometer la seguridad informática.
En un comunicado escueto, la fuerza de seguridad provincial aseguró que el destino del ataque fueron los registros administrativos vinculados a cuestiones laborales del personal policial. Las autoridades negaron la penetración de datos sensibles referidos a investigaciones y causas en progreso, aunque circularon versiones de que el ataque si alcanzó dicha información.
Al respecto, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, aseguró que el intento fue perpetrado el miércoles pasado. Según el funcionario, los sistemas de defensa impidieron la captura de información, a pesar de que la Policía recibió un pedido de rescate que fue desestimado.
“Se deja expresamente aclarado que el hecho no obedeció a una vulnerabilidad propia ni a una falla estructural de los sistemas institucionales sino que se trató de un ataque cibernético intencional”, remarcaron desde la Policía de Córdoba.
El Gobierno provincial procuró sofocar rápidamente las suspicacias tras la divulgación del hecho. En el Centro Cívico enfrentan una ola de críticas de la oposición por los sucesivos escándalos de seguridad que viene sufriendo la provincia.
El último de esos escándalos involucró a la banda de policías abogados que presuntamente se habría dedicado a filtrar datos para la “inclinación” de disputas judiciales favorables. Por la causa, cayó preso el ex director de la Policía Caminera de Córdoba, Maximiliano Ochoa Roldán y otros agentes que fueron imputados por presunta asociación ilícita.
Los policías habrían usado sus accesos como funcionarios para beneficiarse a la hora de entablar estrategias judiciales para sus defendidos.
El alcance del escándalo generó un fuerte sacudón en la cúpula de la Policía de Córdoba, que quedó observada. También quedó en el foco de la tormenta el ministro Quinteros ya que Roldán no fue una “herencia” como en casos anteriores, sino un ascenso propiciado por la actual gestión provincial.
En casos anteriores, como el de la cúpula del Servicio Penitenciario, el Gobierno provincial señaló la herencia de las gestiones de esos funcionarios. Además, el Centro Cívico ponderó la “auto fiscalización” a pesar del daño público que ocasionaron las causas, establecidas como verdaderos escándalos.
No obstante, también se acumularon antecedentes propios como el del subjefe Alejandro Mercado, quien llegó a la cúpula policial al mismo tiempo que era investigado por la Justicia por presunta asociación ilícita y coordinación de una banda de ladrones de teléfonos celulares.
La tormenta de escándalos policiales es una de las preocupaciones principales del Gobierno provincial. De cara al periodo electoral legislativo, la gestión de seguridad sería uno de los principales puntos de cuestionamiento por parte de la oposición.
Para contener la situación, el Centro Cívico destinó gran parte del presupuesto en el desarrollo de programas para la prevención del delito. Con ataques a viviendas como principal fenómeno y una escasez evidente de agentes policiales fruto de cambios en los periodos de formación (más largos) , el Ministerio de Seguridad despuntó programas de armas no letales, Guardia Urbana, patrullas de aspirantes, despliegue de fuerzas federales y otros.
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