Un día después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara contra Donald Trump, la argentina fue más allá contra los anhelos de poder de Javier Milei...
La Corte Suprema rechazó la licencia pedida por Ariel Lijo para asumir en el máximo tribunal, y puso así un freno al hombre designado por decreto por Javier Milei.
Aunque no es el único dato. Incluso, Manuel García-Mansilla, quien fue designado junto a Ariel Lijo y juró como miembro de la Corte la semana pasada, tomó esta decisión, que llega justo un día después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, rechazara la orden del presidente Donald Trump de congelar unos 2.000 millones de dólares en pagos a organizaciones de ayuda internacional.
Fue el primer fallo contrario a una medida de Donald Trump, en que se votó nada menos que 5 a 4 para confirmar la sentencia de un tribunal inferior que exige a la administración realizar los pagos contemplados en los contratos en vigor.
En el caso argentino, Ariel Lijo no descarta recurrir al Senado para obtener aval parlamentario a su designación en la Corte, aunque allí tampoco lo espera un escenario sencillo.
Es que Ariel Lijo fue nombrado "en comisión" por el presidente Javier Milei el 26 de febrero pasado, y presentó su pedido de licencia ante la Cámara Federal porteña, que hizo lugar a su solicitud y elevó el trámite a la Corte Suprema, que es quien define la concesión de las licencias que se extienden por más de seis meses.
Cabe mencionar que la designación de ambos por parte de Javier Milei, a pocos días de que se inauguren las sesiones ordinaras y con una controversial interpretación del inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, que avala al presidente a llenar las "vacantes de los empleos" mientras el Senado se encuentre en receso, quedó envuelta en la polémica.
En el Senado, los bloques de la oposición evalúan pedir una sesión especial para la semana próxima para tratar los pliegos de los dos jueces. Hasta ayer, había dos posturas. En el caso de Lijo, hay senadores que sostienen que se podría rechazar su pliego porque la Corte no le tomó aún juramento, pero que sería diferente el caso de García-Mansilla. Esa es la tesis que impulsa el oficialismo: que García-Mansilla, a esta altura, tiene el cargo asegurado hasta fin de año y que hasta ese momento solo podría ser removido por juicio político.
No es lo que sostiene la doctrina mayoritaria de los constitucionalistas, que creen que el Senado conserva la potestad de rechazarle el pliego a todo aquel nombrado en comisión y hacerle dejar el cargo de inmediato.
El oficialismo, en cambio, afirma que la Corte, al haberle tomado juramento a García-Mansilla, convalidó con ese gesto el decreto del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, le dio a este magistrado estabilidad por el tiempo que dura su nombramiento en comisión ("hasta el fin de la próxima legislatura", según la letra de la Constitución Nacional).
Ayer, un grupo de asociaciones de la sociedad civil presentó en la Justicia un amparo contra el Estado pidiendo que se anulen la designación de Lijo y García-Mansilla. La Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalaron en el escrito que el procedimiento habitual para la designación de jueces exige el aval agravado del Senado y que ese es el trámite que debió haberse seguido en estos casos.
Con la designación por decreto de García-Mansilla y Lijo, Javier Milei pretendió avanzar para moldear una especie de Corte Suprema adicta al oficialismo. Con esos dos jueces, más Lorenzetti, conformarían una especie de mayoría oficialista. Sin embargo, con esta resolución, el escenario cambia...
Por un lado, porque uno de los jueces que designó acaba de alinearse a otra mayoría, y por el otro, porque queda solo Lorenzetti avalando una decisión del Gobierno que es completamente cuestionada.
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