De acuerdo a la nota publicada en el citado medio, con la firma del periodista Francisco Olivera, las quejas se oyen principalmente en la DGI, donde el lote es más extenso y las categorías van al revés que en la Aduana (del 26, el más calificado, al 3, el de menor rango). En esa lista, de 208 agentes, vuelve a destacar Yael Bialostozky, vocera del Ministerio de Economía, a quien la ARCA ya había ascendido el año pasado al grupo 22 y ubicó desde el lunes pasado en el 26, el más alto posible, y a pesar de que el convenio colectivo recomienda no subir más de dos por vez. En la DGI, según el convenio, un no universitario no debería exceder el grupo 16.
La explicación del Palacio de Hacienda para la recategorización de su vocera es que ella ocupa el cargo de supervisora del Equipo de Enlace de Comunicación Estratégica, una función que reconoce formalmente las responsabilidades, atribuciones y nivel jerárquico inherentes al nuevo puesto.
“El problema es que no hay criterio: hay casos recontra merecidos y otros que no”, insisten en los gremios.
Los trabajadores dicen haber advertido en la nómina saltos de hasta 12 escalafones. “La carrera administrativa no es un botín”, planteó un comunicado de la UpsAFIP, uno de los sindicatos, que le dedicó varios párrafos críticos a la medida.
“En un acto que carece de toda razonabilidad y sustento administrativo, se han asignado subas de escalafón de manera discrecional, vulnerando nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y premiando el amiguismo por encima del mérito”, planteó.
Hay, además, según los empleados, un tercer elenco de recategorizados: los que tienen antigüedad y título, pero que hace tiempo no cumplen funciones dentro del organismo. Es el caso de Juan Ignacio Waissman, que también quedó en el grupo más alto, el 26. Waissman es abogado y acumula años en la DGI, pero varios afuera: pasó por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el organismo recaudador porteño, y desde el año pasado es asesor de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia.
También se quejaron de los ascensos de algunos 'recién llegados', como la abogada Mariela Andrea Perugini, por ejemplo, que venía del Ministerio de Economía, llegó al organismo en la época de la conducción de Juan Pazo y quedó desde el lunes en el grupo 25. O el de la licenciada Aixa Granara, que con casi los mismos meses de antigüedad tiene ya el grupo 22.
"Rechazo e indignación" por los ascensos en ARCA
La Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UpsAFIP), gremio que nuclea a los jerárquicos del organismo recaudador, publicó un duro comunicado sobre los ascensos en ARCA.
"La Mesa Directiva Nacional expresa su más profundo rechazo e indignación ante la publicación de la Disposición 5G/2026 (ARCA). En un acto que carece de toda razonabilidad y sustento administrativo, se han asignado subas de escalafón de manera discrecional, vulnerando nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y premiando el amiguismo por encima del mérito", comienza el texto.
"No cuestionamos la valía personal de quienes integran la lista, pero resulta inadmisible e injusto para el resto de los compañeros que día a día sostienen una recaudación en caída libre desde hace doce meses", explicaron.
"La carrera administrativa no es un botín", advirtieron, y le reclamaron a Andrés Vázquez: "Señor Director, no se beneficia a unos manipulando un convenio y postergando a la mayoría en medio de una paritaria cerrada y una recomposición salarial adeudada al 100% de la planta. No se usa una organización de profesionales de carrera como si fuera la caja de un barrabrava donde se premia al 'más amigo'. No se compran voluntades con grupos discrecionales, ni se expone a los allegados al escarnio de sus propios pares. No se despedaza a la mejor organización del Estado-orgullo en foros internacionales- permitiendo la pérdida de más de 4.300 funcionarios, mientras se premia a quienes debieron frenar las barbaridades administrativas que nos trajeron hasta aquí".
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