ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para presionar sobre el DNU 70/2023. "Ni Videla se animó a tanto", expresó el Secretario General, Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para el próximo jueves 15 de octubre. La medida se enmarca en un nuevo escenario de tensión y enfrentamiento con la gestión del presidente Javier Milei.
Dicha protesta contemplará diversas movilizaciones distribuidas a lo largo de los centros urbanos más importantes del país, situando su eje principal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este distrito, los manifestantes se concentrarán para marchar hacia el Congreso de la Nación a partir de las 13:30, con el propósito central de exigir la anulación definitiva del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.
La formalización de la convocatoria estuvo a cargo del secretario general de la entidad gremial a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, quien endureció de forma significativa sus críticas hacia las normativas y el rumbo económico impulsados por la administración libertaria, exhortando a invalidar la totalidad del instrumento legal.
La protesta tendrá réplicas en las diferentes provincias del territorio argentino, donde cada seccional y jurisdicción determinará la forma y la intensidad con la que se llevarán a cabo las acciones de fuerza. Paralelamente, desde la organización sindical advirtieron sobre la alteración y restricción en el normal funcionamiento de numerosos servicios públicos, garantizando al mismo tiempo la operatividad de guardias mínimas en aquellos sectores considerados prioritarios.
Durante sus declaraciones, el referente gremial puso en tela de juicio el uso sistemático de decretos como herramienta para llevar adelante transformaciones estructurales, señalando que el Poder Ejecutivo pretende resolver mediante esta vía cuestiones que corresponden al debate parlamentario.
El dirigente sindical enfatizó que no se puede consentir la continuidad de una modalidad de gobierno basada en decisiones unilaterales por firma, recalcando que aquello que no se logra a través de los consensos legislativos se intenta imponer mediante decretos. En sus críticas sobre el alcance del DNU 70/23, se puntualizó que la norma introduce modificaciones sobre un universo superior a trescientas leyes, favoreciendo de manera directa a los grandes conglomerados económicos.
"Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo", manifestó Aguiar.
Asimismo, se cuestionó la validez constitucional del decreto bajo el argumento de la ausencia de supuestos que configuraran auténticas circunstancias de necesidad y urgencia.
Desde la perspectiva del gremio, la Carta Magna prohíbe de manera expresa la potestad legislativa del Poder Ejecutivo, por lo que cualquier norma dictada en ese sentido carecería de validez jurídica absoluta, calificando de irregular el procedimiento en un contexto donde el Congreso se mantuvo permanentemente en funciones.
La huelga de carácter nacional repercutirá de manera directa en el funcionamiento de múltiples dependencias y organismos de la administración pública.
Conforme a la información difundida por el sindicato, los sectores que experimentarán interrupciones o afectaciones comprenden la recolección de residuos y las tareas de los auxiliares en el ámbito educativo, los servicios de la Guardia Urbana, la Dirección Nacional de Migraciones y los controles sanitarios dependientes del Senasa en puertos y aduanas.
Además, se verán alcanzadas la labor de los radiooperadores en medios de comunicación estatales y el personal abocado al control de incendios forestales, las tareas de los agentes de tránsito, los controladores aéreos, los operarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y los trabajadores dedicados al mantenimiento en plantas nucleares, además de diversas prestaciones correspondientes a las administraciones públicas de nivel provincial y municipal.
En lo referente al sector sanitario y de seguridad social, se estableció que los establecimientos hospitalarios operarán bajo el esquema de guardias mínimas, limitando la atención en centros de asistencia infantil, adolescente y geriátrica exclusivamente a casos de urgencia.
Por su parte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó la preservación de los vuelos sanitarios y oficiales, mientras que organismos previsionales y de asistencia como PAMI y ANSES reducirán sus prestaciones cotidianas para centrarse únicamente en la resolución de emergencias.
La jornada de protesta impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado coincidirá temporalmente con la convocatoria de la Marcha Federal Universitaria. Esta última movilización tiene como ejes centrales la exigencia de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recuperación del poder adquisitivo para los docentes y no docentes, la actualización de los montos destinados a becas para estudiantes y la provisión de fondos indispensables para asegurar la continuidad operativa de las instituciones de educación superior pública.
De este modo, la simultaneidad de ambas convocatorias unificará los reclamos sectoriales contra el DNU 70/23 con las demandas presupuestarias y salariales del ámbito académico en una misma expresión de protesta a escala nacional.
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