Según la presentación, la resolución conjunta atenta contra la salud pública y es pisada y derogada parcialmente, hasta el 30/04/2021, con los DNU 235/21 y 241/21.
Según el escrito, la resolución atenta contra los trabajadores con riesgos, entre ellos embarazadas y mayores de 60 años, que se verán expuestos a contagios y transmisión del coronavirus. “Hablamos de trabajadores esenciales que son parte de la primera línea de acción contra el virus, y entendemos que es responsabilidad del Estado garantizar su salud y no exponerlos a posibles contagios”, destacó Chiesa.
El amparo, contempla que el avance de la vacunación tiene como principal objetivo la disminución de la mortalidad de la enfermedad, pero no una disminución en la transmisión, lo que se vuelve riesgoso para aquellos trabajadores con patologías, embarazos o mayor edad.
Además, dispone que, con el fin de disminuir la contagiosidad del virus durante la segunda ola del COVID-19 que vive nuestro país, y las medidas sanitarias y de prevención tomadas, para mitigar la transmisión del virus, “se vuelve contraproducente la insistencia de la presencialidad de personas vulnerables tras ser vacunadas”.
Esta presentación nace del pedido explícito de enfermeros, camilleros y técnicos de diferentes hospitales de Capital Federal al Dr. Chiesa preocupados por el bienestar profesional de sus colegas, compañeros y familiares. El amparo entonces impone el reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sus hospitales la necesidad de la no presencialidad laboral de trabajadores de alto riesgo en las actuales condiciones de la pandemia.