Pero la Cámara Federal falló de manera adversa para el funcionario. Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia entendieron que había que respaldar el rechazo inicial de Lijo y además solicitaron que se determine si efectivamente el monto establecido por la fiscal Boquin es correcto, según informa Infobae.com.
"Se puede concluir que a esta altura del proceso existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley", se precisó en la resolución.
Lijo deberá orientar la investigación para determinar si hubo una "quita abusiva" de la deuda entre el Correo Argentino SA y el Estado, tal como lo afirmó la fiscal cuando se opuso al acuerdo. Ese entendimiento finalmente no se concretó y aún está siendo debatido entre las partes. Pero la intervención de la fiscal Boquin dio origen a la investigación penal que sustancia el juez Lijo y en donde el ex fiscal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Macri, quien no ha sido hasta ahora citado.
Cuando en febrero de 2017 se desató la polémica por el convenio entre la empresa de la familia Macri y el Estado, el Presidente dio una conferencia de prensa, en la que dijo: "Instruí a Oscar Aguad para que volvamos a foja cero", en relación al acuerdo que Boquin había denunciado como abusivo.
Socma -de la familia Macri- mantiene, en simultáneo, cuatro demandas contra el Estado Nacional en el fuero contencioso administrativo por la estatización de la empresa en 2003 y por incumplimientos contractuales. Mientras tanto, la deuda de la empresa Correo Argentino con el Estado Nacional se calcula en aproximadamente $4.000 millones.
